Empleados y exempleados de Gumarsal S.A de C.V. que declararon este lunes como testigos en el juicio que la Fiscalía le sigue a José Adán Salazar Umaña, al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y tres imputadas más, confirmaron que se les ordenó crear al menos cuatro sociedades de «fachada» y supuestamente lavar dinero.
En su testimonio dijeron que un gerente de Gumarsal, por orden del prófugo Wilfredo Guerra, quien en ese entonces era el presidente de dicho conglomerado, ordenó crear las sociedades debido a que los bancos les habían cerrado las puertas ante la información que los medios de comunicación publicaron sobre una investigación que la Fiscalía hacía por supuesto lavado de dinero.
Los testigos afirmaron de forma directa que como empleados no aportaron dinero para crear las sociedades, sino que fue Gumarsal la que proporcionó el dinero y que Wilfredo Guerra junto a Juan Umaña Samayoa eran los que estaban al frente de la empresa.
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Agregaron que las nuevas sociedades se desvincularon del nombre de Guerra y Umaña Samayoa, pero que meses después pasaron a formar parte como accionistas de empresas en Panamá las cuales fueron creadas por Wilfredo Guerra y Juan Umaña Samayoa, donde directamente trasladaron el dinero de Gumarsal para guardarlo en ese paraíso fiscal.
Uno de los fiscales, luego de escuchar la declaración de los testigos dijo que el objetivo para el cual los llevaron a declarar lo habían logrado. «Se ha acreditado la utilización de trabajadores que no tenían la capacidad económica para poder crear empresas de las cuales nunca tomaron decisiones, tampoco nunca participaron en juntas directivas como bien lo han expresado cada uno de los testigos», sostuvo el representante del Ministerio Público.
En la vista pública que realiza el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía ha presentado como principal prueba una pericia financiera contable en la que se establece que Gumarsal a través de sus sociedades habría blanqueado $127 millones. Actualmente Gumarsal es administrada por el Conab por estar inmersa en proceso de extinción de dominio.
«Hacia Panamá se ha establecido en el proceso, que fue más de $1 millón que se desviaron con destinos a cuentas y han manifestado que es un banco en ese país».
Fiscal del caso.
