La libertad de expresión está contenida en la Constitución de la República y va mucho más allá que el derecho a la prensa, es decir, la libertad de un ciudadano de divulgar en sus medios de comunicación lo que considere pertinente, siempre y cuando eso tenga respaldo y no sea una difamación.
Durante décadas se confundió la libertad de expresión con el derecho del dueño de un medio de comunicación de defender sus intereses particulares a través de las páginas de su periódico o a través de espacios en radio o televisión. El problema es que tal manipulación de la información (se destaca una parte y se obvia lo que es incómodo o negativo) se presentó como «el derecho de toda la sociedad a informarse».
Para realmente informarse hay que conocer más de un punto de vista y versiones de los hechos, documentarse y validar todo.
Es una realidad que los medios de comunicación tradicionales han presentado siempre un punto de vista, aunque sea a través de diferentes voces. Establecen una estrategia para definir un mensaje en particular y lo presentan como su «línea editorial», sin lugar para el debate. En el caso del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la «línea editorial» es la misma: ataque e invisibilidad para todo lo bueno. Y cuando no hay nada que atacar, se inventan voceros y se crea una narrativa a partir de falsedades.
¿Y dónde queda el derecho a saber de los ciudadanos? Para estas maquinarias corporativas, eso es irrelevante. No les importa informar sobre logros, avances y proyectos para el beneficio de sus mismas audiencias, y solo se enfocan en sus ganancias y utilidades.
Desde ninguna óptica, la censura de medios de comunicación, a pesar de que su trabajo pueda considerarse un ataque, puede ser algo bueno en una democracia. Equivale a apresar a los disidentes y críticos y debería generar una condena de la comunidad internacional por el grave deterioro de los derechos humanos tanto de los trabajadores de las empresas periodísticas como de los ciudadanos que quedan privados de informarse por medio de ellos.
Pero es justamente lo que hemos visto en Europa, bajo el argumento de que RT y Sputnik difunden «propaganda rusa y desinformación». ¿Y qué pasa con los medios, también europeos, que hicieron notas de bombardeos utilizando imágenes de videojuegos o usaron fotos manipuladas para dar a conocer a un «misterioso piloto ucraniano» conocido como el Fantasma de Kiev, con el único objetivo propagandístico de elevar la moral militar? ¿También veremos cancelaciones por desinformar y hacer propaganda?
