El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) ha incluido a los dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos del FMLN, así como a un expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, y a tres exfuncionarios del Banco Hipotecario de sus administraciones en la sección 353 del informe de actores corruptos y antidemocráticos. Todos son acusados por soborno, extorsión, facilitación o transferencia del producto de la corrupción y lavado de dinero.
Junto a los expresidentes aparecen en el listado José Miguel Antonio Menéndez Avelar conocido como «Mecafé», quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones; Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario; Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario; y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.
Dicho informe señala que Funes orquestó y participó en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando al menos $351,035,400 en el caso conocido como «Saqueo Público».
Cuando la Fiscalía judicializó el expediente «Saqueo Público», dijo que Mauricio Funes, armó una red, de al menos 31 personas, para sustraer más de $351 millones de las arcas del Estado entre los años 2009 al 2014, período en el cual fue presidente.
Según la Fiscalía, durante el quinquenio de Funes, se aumentaron los gastos reservados de la Presidencia con el objetivo de apropiarse del dinero de forma ilícita.
Las investigaciones detallan que entre el periodo 2009-2014, la Asamblea Legislativa le aprobó a la Presidencia un presupuesto de $80,818,285, pero a Mauricio Funes no le alcanzaba ese millonario desembolso y pidió al ministerio de Hacienda refuerzos presupuestario hasta alcanzar los $351 millones que se apropió para posteriormente lavarlos a través de compra de propiedades, viajar con su círculo de amigos y llevar una vida rodeado de lujos.
Actualmente, Funes se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña y permanece asilado en Nicaragua desde 2016, donde obtuvo la nacionalización a pesar de tener siete procesos en los tribunales salvadoreños. En dos de ellos: el caso Tregua y el de evasión ya hay sentencias, pero tiene pendientes otros cinco expedientes.
Por el caso Tregua, Funes fue condenado, el pasado 23 de mayo, a 14 años de cárcel. Según informó la Fiscalía, el exmandatario recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
Mientras que el pasado 5 de julio, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente a seis años de prisión por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos que la Fiscalía General de la República probó que cometió en el año 2014.
En la vista pública sobre este caso, los fiscales le dijeron al tribunal colegiado que a través de una fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del ministerio de Hacienda se examinó el impuesto a declarar en el año 2014 y se detectó que Funes como contribuyente declaró información falsa con el fin de evadir impuestos sobre la renta, el examen fiscalizador determinó que el exmandatario no declaró $271,857.49.
La acción del exmandatario lo llevó a defraudar al fisco con un monto de $85,157.25, pero con multas e intereses el monto se incrementó a $200,449.52. En el juicio se conoció que Funes extendió varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre sin justificar la procedencia de los fondos.
Al no probar la procedencia se evidenció un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $56,000, según los informes financieros. Toda esa información fue puesta a la orden de la Fiscalía por parte de la DGII y la Unidad Penal de Estado hizo un cruce de información con las operaciones financieras bancarias que Funes realizó durante el año 2014.
Los casos que el expresidente Funes aún tiene pendientes son: «El Chaparral» «Corruptela», «Saqueo Público», divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en el proceso de lavado de dinero que se le siguió al expresidente Francisco Flores y el caso de la avioneta que un empresario guatemalteco le regaló para que le adjudicara la construcción del puente San Isidro, esta última causa está en la fase final y a espera de la vista pública.
Por su parte, el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, es señalado en el informe del Departamento de Estado por participar en el lavado dinero durante su mandato como Vicepresidente (2009-2014), recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos, y por su participación en un plan para desviar más de $180 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente (2014-2019).
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén quien, al igual que Funes, también huyó a Nicaragua y luego fue nacionalizado, desvió junto al resto de imputados $187 millones. En este caso, las autoridades han logrado la captura de algunos implicados.
El 25 de agosto del año 2022, cuando el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, hizo la audiencia inicial resolvió que cuatro vinculados al desvío de esos fondos siguieran en detención mientras que tres exempleados de Casa Presidencial que estaban en arresto domiciliar siguen con esa medida.
«Los delitos que se les atribuyen son peculado y lavado de dinero y activos. Los exfuncionarios son procesados por desviar dinero de los fondos reservados a diferentes cuentas bancarias, durante el período presidencial de junio de 2015 a mayo de 2019», publicó el ministerio público.
El pasado 18 de mayo, el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador juramentó a los expertos que elaborarán un análisis financiero contable que permitirá determinar la cantidad exacta de dinero que fue sustraído por Sánchez Cerén, con la ayuda de más de 15 personas durante su gestión presidencial.
RESTO DE ENLISTADOS
José Miguel Antonio Menéndez Avelar «Mecafé», expresidente del Centro de Ferias y Convenciones y fiel amigo de Funes, es acusado por dirigir un contrato del ministerio de Obras Públicas por $8.4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, a un empresario guatemalteco. A cambio, «Mecafé» y el exmandatario recibieron ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
Otro de los destacados en la lista del Departamento de Estado es Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, quien habría ayudado, sobre todo a Mauricio Funes, a lavar $97 millones a cambio recibió $72,000 en sobornos.
Mientras que Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, es acusado por colaborar con el lavado de $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos; y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del mismo banco es señalado por participar en el lavado de $177 millones a cambio de $78,000 en sobornos.
Según el informe, la inclusión de los dos exmandatarios y los otros cuatro implicados acarrea sanciones por parte del gobierno norteamericano como: la no elegibilidad para visas y admisión al territorio estadounidense. «Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal», señala el comunicado oficial del Departamento de Estado.
