Varios exfuncionarios de los gobiernos corruptos de los partidos ARENA y del FMLN continúan prófugos tras ser acusados en los tribunales por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos, entre los cuales figuran los relacionados con actos de corrupción, lavado de dinero, apropiarse del dinero del Estado y hasta de negociar con las maras beneficios para los terroristas a cambio de obtener votos en las elecciones presidenciales 2014.
En Nicaragua, por ejemplo, el régimen del dictador Daniel Ortega, les permitió a los expresidentes prófugos, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, permanecer en dicha nación tras darse a conocer que son acusados, el primero, de peculado (apropiarse de fondos del Estado), lavado de dinero y activos y encubrimiento en el desvió de $351 millones durante su gobierno (2009-2014); mientras que Cerén (2014-2019) es señalado de lavado de dinero y peculado.
Funes, sobre quien pesan media docena de proceso, ya ha sido condenado en dos ocasiones, primero a 14 años de prisión por haber promovido, facilitado e impulsado la tregua con pandillas entre marzo de 2012 y agosto de 2013, la sentencia fue dictaminada por el Juzgado Especializado de Sentencia C. La segunda condena estuvo a cargo del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador quien impuso 6 años de cárcel el delito de defraudación al fisco, en la modalidad de evasión de impuestos que fue cometido en 2014 cuando brindó falsa información al fisco.
Hace unos días, la Fiscalía interpuso ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador una petición para obligar a Funes y a su hijo, Diego Funes Cañas, a pagar $419,145.09 producto de una condena por enriquecimiento ilícito.
En octubre de este año, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador ordenó la incautación de tres propiedades de Sánchez Cerén, y su grupo familiar, valuadas en $1.3 millones. El exmandatario del FMLN, huyó a Nicaragua.
ACUSADOS DE PACTAR CON LAS MARAS
Dos prófugos más, señalados por la Fiscalía de negociar beneficios para los pandilleros, a cambio de obtener votos para ganar las elecciones presidenciales de 2014, son el expresidente de la Asamblea Legislativa con ARENA, Norman Quijano, acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al igual que, el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, del FMLN.
El 10 de noviembre de 2022, la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, ordenó que Quijano (quien aparentemente vive en Honduras) sea enjuiciado luego que la FGR informó tener pruebas de la reunión que sostuvo con mareros a quienes habría ofrecido $100 millones, siempre y cuando resultara ganador en las elecciones.
En el caso de Valencia, que es señalado de ofrecer un fondo de $10 millones a los pandilleros y familiares, lo último que se supo es que estaría como prófugo en Venezuela, según dio a conocer en junio de 2021 el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
EXFUNCIONARIOS DE GOBIERNOS ANTERIORES NO DAN LA CARA
Otros exfuncionarios que prefirieron huir del país antes de dar la cara en los tribunales para desmentir acusaciones fiscales son, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, señalado de corrupción en el Sitramss, así como de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
La FGR señala que Martínez, fugitivo en México, recibió más de $290,000 en concepto de «sobresueldos y bonos» avalados por Funes; además, tiene pendiente pagar $2.4 millones por ilegalidades en la construcción del Sitramss.
En julio de 2021 trascendió que la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, estaba como representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a pesar de tener orden de captura por acusaciones de recibir $177,000 en «bonos», no contemplados en la ley, durante el gobierno corrupto de Funes.
Así también, el exviceministro de Obras Públicas, Hugo Barrientos, quien es acusado de lavado de dinero y activos, está prófugo debido a que es señalado de formar parte de la estructura criminal que ayudó a Mauricio Funes a sustraer $351 millones de fondos públicos.
En agosto de 2021, la Fiscalía intervino 46 propiedades de Barrientos valuadas en $1.6 millones, las cuales según la acusación las habría obtenido producto de actividades relacionadas en actos de corrupción en la administración Funes.
CRISTIANI Y PARKER SEÑALADOS POR ASESINATO DE LOS JESUITAS
Por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, y dos de sus colaboradoras, fueron giradas órdenes de captura contra el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, y el exdiputado del PDC, Rodolfo Antonio Parker Soto.
En el caso de Cristiani huyó a España y es señalado de avalar la matanza de los religiosos; recientemente, la Fiscalía abrió un proceso por lavado de dinero y activos, la institución le decomisó $86 millones. En total fueron decomisados más de 143 inmuebles de la sociedad Cristiani Burkard, S.A. de C.V; siete inmuebles de la Droguería Santa Lucía S.A. de C.V; seis inmuebles de la Sociedad Montebro S.A. de C.V; 18 cuentas bancarias, 42 vehículos y un helicóptero valuado en $1.3 millones.
En el caso de Parker, que también estaría en Europa, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito. Figura en el informe de la Comisión de la Verdad por destruir pruebas que involucran a los asesinos de los jesuitas.
En septiembre de este año, fue demandado civilmente, su cónyuge y sus tres hijos, en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de enriquecimiento ilícito por $2,311,138.
