El hombre para el puesto y no el puesto para el hombre
Con este mismo título, y en diferentes medios y épocas, me he referido a la necesidad de asumir con seriedad la contratación de personal idóneo —honestidad y capacidad— para los diferentes cargos de la administración pública y del sector privado, a fin de que los dineros del pueblo se manejen con eficiencia y eficacia.
La recién denunciada práctica —secreto a voces— de plazas fantasma en la Asamblea Legislativa (AL) valida lo anterior. Una cosa es la necesidad de exigir idoneidad y otra —muy otra y condenable— es otorgar o aceptar una plaza con apariencia legal, pero con total inasistencia a cumplir sus funciones. Ese ha sido el descaro de los diputados que las contrataron y de los nombrados que las aceptaron. Una tremenda coz a la ética, por ser un robo descarado al pueblo.
Ese abuso en la AL es uno, entre muchos otros, que la población honrada cuestiona y condena con justificada ira. Esa perversa costumbre de adjudicar «el puesto para el hombre» y no «el hombre para el puesto» es otorgar plazas por compromiso político, parentesco, amiguismo… sin importar la capacidad para el cargo y el grado de honradez del nombrado. Una afrenta/estafa al pueblo.
Cada grupo parlamentario tiene su cuota de plazas a disposición y, como la costumbre es ley, pues a llenarlas sin demora aun sin ser necesarias; al fin, es pisto del pueblo y el pueblo siempre paga. Así creció desmedidamente la plantilla en la AL, sin el requisito previo de honradez y capacidad notorias para el cargo. Según informaciones periodísticas, el diputado Rodolfo Párker, del PDC, ha tenido más de 30 empleados a su servicio, entre «asesores» y asistentes (¿?). Y así se habla de muchos casos similares en los distintos grupos parlamentarios. No debe extrañar, pues, el rechazo hasta con ira que recibieron del pueblo el pasado 28 de febrero.
Ningún trabajo es deshonroso; al contrario, en cualquiera que sea, el trabajador merece aprecio y respeto. Pero de eso a asignar o aceptar plazas cuando no se cubre el perfil del cargo resulta deslealtad no solo al pueblo que paga sus impuestos, sino también al mismo trabajador si es honesto, pues —aunque necesita el empleo— no deja de sentirse mal al estar nombrado para una tarea que no puede cumplir. Excepción es el empleado activista, que está enterado de las argucias políticas y malas intenciones de su empleador. Claro ejemplo de clientelismo político.
Algo que también ha ofendido a los electores durante este período es el cinismo de la mayoría de diputados, exigiendo honradez, transparencia, coherencia… cuando han sido ellos los incumplidores de lo que hoy, con cinismo, demandan. Lo de las plazas falsas es una pequeña muestra. De ahí que los verdaderos responsables del descalabro electoral no han sido ni sus partidarios —que siempre lucharon con entrega y lealtad a su partido—, ni el pueblo elector, ni el Gobierno. Los verdaderos responsables han sido los dirigentes, por la mala conducción y por ignorar al pueblo, agenciándose los privilegios y las prebendas para sí mismos y sus allegados.
La ciudadanía, honesta y laboriosa, espera que, en el caso de la AL, la Fiscalía actúe con seriedad, transparencia y eficacia, y con ejemplarizante aplicación de la ley, para bien de la cosa pública y, especialmente, para satisfacción y confianza de la población salvadoreña.
