El alcalde de Ilopango por el partido ARENA, Adán de Jesús Perdomo, deberá seguir el proceso penal por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado), en libertad, según ha resuelto el Juzgado de Paz de esa localidad, al finalizar la audiencia inicial.
Según la resolución judicial, el funcionario deberá presentarse a firmar cada ocho días, no salir del país y no cambiar de domicilio por la gravedad del delito y ante la posibilidad de que el alcalde pueda entorpecer de la investigación la Fiscalía había solicitado instrucción formal con detención provisional, pero el juzgado no accedido a la pretensión fiscal planteada en la acusación.
Perdomo, deberá cumplir con las medidas mientras dure la segunda etapa procesal, el Ministerio Público analizará si acude a una instancia superior con un recurso de apelación con el fin de revertir la medida.
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El funcionario municipal fue capturado el pasado lunes por una orden girada por la oficina de la Fiscalía General de la Republica de Soyapango. Raúl Melara, titular del Ministerio Público justificó la detención expresando que todo «indica que el alcalde se estaba aprovechando de los paquetes dirigidos a paliar la crisis en la que se encuentran varios salvadoreños debido a la pandemia».
Las pesquisas comenzaron con un aviso interpuesto en la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 29 de octubre, ese día se informó del almacenamiento de bolsas solidarias en la sede del partido ARENA en Ilopango.
Los agentes policiales que se trasladaron a verificar la información observaron cuando unas mujeres estaban sacando productos alimentarios de las bolsas solidarias con logos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para trasegarlos a bolsas que contenían logos y foto del alcalde Adán Perdomo.
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Estos paquetes de los que supuestamente se apropió el alcalde de Ilopango, fueron entregados por el Gobierno para distribuirlos entre las familias afectadas por la pandemia de COVID-19.
El peculado es un ilícito que el artículo 325 del Código Penal estipula como grave y es castigado con cárcel de 12 a 15 años, le recrimina a un funcionario o empleado público la conducta de apropiarse de bienes o fondos del Estado que estaban bajo su responsabilidad.
