La confesión del expresidente Antonio Saca en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos durante anteriores gobiernos abre un capítulo más de la historia política de El Salvador. Era un secreto a voces y de dominio público esta compra de voluntades, de falsa gobernabilidad y de fraguar en contra de la Constitución y de las necesidades de la gente.
No se trata de persecución ni de un acto de venganza contra opositores, como selectivamente ellos lo plantean ante la opinión pública. Es la clara respuesta ante un clamor ciudadano de por fin conocer la verdad, tan dura e indignante que costó casi $300 millones los 30 años en pagos bajo la mesa a personas que debían servir a su país, no servirse y enriquecer sus patrimonios de manera desproporcional.
Más allá de este claro conflicto ético y legal, donde no importó la repercusión, sino que el momento, lo que destapó el expresidente Saca permite poner en retrospectiva el pasado reciente de El Salvador y lo que viene para el futuro, donde hoy hay un compromiso gubernamental a favor del buen manejo de los fondos públicos, y, al no contar con una partida secreta, el dinero fluye para solventar las necesidades de la gente, no para drenar recursos públicos hacia billeteras particulares.
En primer lugar, los sobresueldos son ilegales: no solo era un esquema para comprar las decisiones y voluntades de los exfuncionarios, sino que era un fraude a la Constitución porque se trataba de un destino presupuestario inexistente y que abusó de la categoría de «reservado» de la partida número 54315 de Casa Presidencial, sin controles de la Corte de Cuentas y mucho menos auditorías para determinar responsabilidades.
Era un estipendio al margen de la formalidad, similar a una renta como la de las pandillas, aunque en este caso ellos eran los extorsionistas y el pueblo, el extorsionado.
Por otra parte, se dejó de hacer mucho en beneficio para el país. Si dimensionamos el dinero que salió para esta lactancia, la pérdida se puede comparar con la reconstrucción de casi el 50 % de las escuelas públicas del país o la edificación de al menos cinco nuevos hospitales nacionales, completamente equipados. Otro contraste podría ser tres años completos de medicamentos para el sistema público de salud e incluso la construcción de una central hidroeléctrica para generar energía limpia y renovable.
Pero el colmo del descaro era ejecutar, con premeditación, solo una parte del presupuesto y el resto enviarlo a Casa Presidencial para que el dinero se usara de forma discrecional y, con esto, alimentar más esta sed de recursos que parecían inagotables. El mecanismo se fue heredando de gobierno a gobierno y, a pesar de que la Sala de lo Constitucional lo declaró ilegal en agosto de 2010, el prófugo Mauricio Funes le dio continuidad, trasgrediendo toda norma y prohibición en afán de cumplir sus caprichos, excesos y delirios.
Hoy todos los nombres son conocidos: exsecretarios de Casa Presidencial, comisionados, ministros, viceministros e incluso directores de instituciones autónomas que llegaron a ganar más de $15,000 mensuales, sobresueldo incluido, durante cinco años. La cifra es desproporcional, leonina y exorbitante, cuando en el país hay salvadoreños que viven con $1 al día. Saquemos conclusiones.
Sobre ellos, el fiscal general de la República y las autoridades pueden iniciar procesos de responsabilidad civil y abrir la oportunidad de recuperar este dinero, aunque por el momento la comisión especial de la Asamblea Legislativa tiene mucho trabajo por hacer, porque debe citar a varios de estos «ciudadanos», incluyendo el caso de Rodolfo Párker y Ciro Cruz Zepeda, dos exdiputados y secretarios generales del PDC y del PCN que fueron el más claro ejemplo de cómo eran comprados con dinero de la gente.
Toda esta caja de pandora, que sigue abierta, nos confirma que el pueblo salvadoreño decidió de manera sabia e inteligente al dar un golpe de timón cuando este año recuperó el poder ciudadano representado en la Asamblea Legislativa. La muestra son estas comisiones especiales, donde quedó atrás el criterio selectivo y la opacidad político-partidaria con la que funcionaban, abriendo paso hacia la discusión y el debate para la ciudadanía.
Así, el proceso para reconstruir y borrar las ruinas en las que se encontró el país continúa de la mano del presidente Nayib Bukele y una generación de políticos contrastante, donde terminó el reino de las apariencias y la institucionalidad comprada con sobresueldos, y se vislumbra el horizonte donde triunfará el pueblo y la solución a sus necesidades. He ahí el camino.
