Después de cinco días continuos con una huelga pacífica de brazos caídos, miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram) fueron desalojados el pasado 15 de enero del centro operativo en la calle 5 de Noviembre mediante una resolución del Juzgado Ambiental.
La resolución señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) debía retirar el bloqueo que se encontraba en dicho lugar para que los camiones recolectores de basura pudieran salir. «Como somos muy respetuosos de la ley, cumplimos la resolución, pero esto nos deja una gran incertidumbre en cuanto a las funcionalidades de las instituciones del Estado», expresó el secretario general de Astram, Adolfo Ramos.
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Ante esta situación, los sindicalistas decidieron concentrarse ayer frente a la alcaldía de San Salvador para continuar exigiendo el pago de las retenciones, un alto a los despidos injustificados, así como evitar el alza de los impuestos debido a la privatización del sistema de recolección de desechos sólidos. «No sé por qué el señor fiscal general no envía los requerimientos a las instancias correspondientes, porque él tiene de sobra las pruebas contundentes de las denuncias», manifestó Ramos.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, escribió en su cuenta de Twitter: «¿Y hoy qué va a decir el alcalde Neto García Prieto? Si hasta el procurador otorga la razón a los trabajadores municipales. Es necesario que el alcalde resuelva este problema y no ande llorando, buscando responsables que no existen». Castro se refiere a un documento emitido el 8 de enero de 2021 y firmado por el procurador general, Apolonio Tobar, donde solicita información a la FGR sobre el estado actual del proceso para la investigación de los responsables, y a la comuna capitalina, sobre los despedidos el año pasado.
