De forma muy conveniente, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció que ha pedido una auditoría a la Corte de Cuentas de la República (CCR), la cual primero analizará la gestión de Norman Quijano, de ARENA, y luego, la suya. Sin embargo, al considerar la historia de la CCR, se puede esperar un examen exprés, una autorización y el visto bueno de todo lo que hicieron Quijano y Ponce, y de esa manera restarle importancia a los señalamientos que se han hecho sobre plazas fantasma, viáticos exagerados y otro tipo de gastos innecesarios en el primer órgano de Estado.
Por décadas, la Corte de Cuentas ha servido como una especie de tapadera de la corrupción, pero también se ha prestado para presionar a los opositores. Los auditores del ente contralor aparecían en las alcaldías para obligar a los diputados de su partido a tomar ciertas decisiones o chantajear.
Por otra parte, ha quedado en evidencia la total sumisión del actual titular de la Corte de Cuentas ante Rodolfo Párker, miembro de la junta directiva de la Asamblea, al igual que Ponce. La contraloría, en general, se ha prestado a las maniobras de los opositores para atacar al Gobierno del presidente Nayib Bukele. A estas alturas, es improbable creer que esa entidad hará una auditoría profunda y desinteresada; lo que se perfila es que habrá un trato preferencial, con bendición incluida, como el que recibió en su momento Antonio Saca del pecenista Hernán Contreras, entonces presidente de la CCR.
Con una auditoría hecha desde las oficinas de Contreras se dio fe de que Saca había sido un funcionario intachable y que todos sus gastos estaban respaldados. Nada que ver con la posterior condena por mal manejo de más de $300 millones.
Teniendo en cuenta los antecedentes, tienen razón quienes señalan que la nueva Asamblea Legislativa debe encargar una auditoría a una empresa ajena al Estado, lejos de la Corte de Cuentas, para que sea independiente. Un análisis financiero y de los bienes del parlamento no solo es necesario, es también urgente para destapar lo que la contraloría intentará ocultar a los salvadoreños a fin de extender finiquitos exprés a Ponce, Quijano, Párker y compañía.
