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Ahora que son partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN defienden la «eficacia» de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y se niegan a que sea expulsada del ordenamiento jurídico salvadoreño, a pesar de que ambos violentaron esa normativa para cometer actos de corrupción con fondos públicos cuando gobernaron el país.
La Lacap fue aprobada —y también entró en vigor— en agosto de 2000 en el tercer gobierno de ARENA (1999-2004), con Francisco Flores como presidente de la república. A pesar de que era una ley nueva, investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron, posteriormente, que funcionarios de ese período gubernamental violaron dicha normativa para permitir que la empresa italiana Enel, dedicada al rubro energético, se constituyera como socia mayoritaria y se hiciera del control de más de la mitad de las acciones de la empresa estatal LAGEO, que es la administradora de la geotermia en El Salvador.
La FGR procesó a nueve imputados, incluido Miguel Lacayo, ministro de Economía en el Gobierno de Francisco Flores, porque ese contrato provocó pérdidas económicas por más de $500 millones al Estado salvadoreño. El caso fue judicializado, sin embargo, al final la Fiscalía (dirigida en ese entonces por Luis Martínez, quien fue electo en el cargo por propuesta de ARENA) desistió de la acción penal y civil en contra de los funcionarios del gobierno arenero y suscribió un acuerdo económico con la empresa italiana para poner fin a la disputa.
La ley que ARENA defendía a capa y espada también fue violentada por funcionarios del cuarto y último gobierno tricolor (2004-2009), durante la presidencia de Elías Antonio Saca, ahora preso por actos de corrupción con fondos públicos durante su mandato.
La FGR señaló que, en ese período presidencial, el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez violentó la Lacap al autorizar que a la empresa Copreca-Linares se le pagara por adelantado un total de $13,723,132.60 por la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín (ahora Monseñor Romero), a pesar de que había obras que estaban incluidas en el diseño, pero que no fueron construidas.
Según las investigaciones fiscales, los pagos se hicieron al margen de la ley y del contrato llave en mano que fue suscrito con la empresa y para el que se tomó la Lacap como base legal.
El exfuncionario ha sido procesado por el delito de peculado en la administración del fiscal general Rodolfo Delgado, porque los anteriores lo protegieron y se negaron a procesarlo por ese delito. Dicho proceso judicial está en la fase de instrucción.
El partido tricolor gobernó hasta 2009 y fue derrotado en las urnas por el FMLN, partido que propagandísticamente se vendió como una «opción de cambio» ante los 20 años de corrupción de los gobiernos areneros. Sin embargo, la primera administración farabundista, dirigida por Mauricio Funes, incurrió en las mismas prácticas corruptas de los tricolores.
Las investigaciones fiscales han señalado que en el Gobierno de Funes se violentó la Lacap (normativa que ahora defienden los cuatro diputados del FMLN de la legislatura 2021-2024) en el proceso de construcción de la presa El Chaparral.
Leopoldo Samour era en ese entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y, contrario a lo que determinaba la Lacap, hizo un arreglo económico directo por $108.5 millones con la empresa italiana Astaldi para terminar el contrato a pesar de que no había finalizado la construcción de la represa.
Las investigaciones determinaron que Mauricio Funes estuvo involucrado en este entramado de corrupción y que el acuerdo que suscribió Samour con la empresa les dejó al menos $3.5 millones. Por este caso, Funes enfrenta un proceso judicial y es acusado de los delitos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas.
El FMLN se revalidó en el poder en las elecciones presidenciales de 2014 al derrotar nuevamente en las urnas al partido ARENA. Ese triunfo permitió que Salvador Sánchez Cerén, excomandante guerrillero, ocupara la silla presidencial hasta el 1.° de junio de 2019.
En su gobierno, el entonces ministro de Obras Públicas Gerson Martínez (prófugo de la justicia salvadoreña) violó la Lacap al otorgarle (de manera directa y sin licitación) un contrato a la empresa Image People para que durante 15 años utilizara los 23 puentes y 333 postes del bulevar Monseñor Romero para colocar y vender publicidad. Una auditoría de la Corte de Cuentas determinó que esa cartera de Estado violentó la ley al no someter a licitación el proyecto.
Martínez también es reclamado por la justicia por violentar la Lacap por irregularidades en la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
La Lacap, que fue utilizada por los gobiernos de ARENA y del FMLN para cometer actos de corrupción, fue derogada con la Ley de Compras Públicas que aprobó la Asamblea Legislativa el 25 de enero.
Esta novedosa normativa modernizará y transparentará los procesos de contratación y compras, y a diferencia de su predecesora incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la administración pública.
