Faltando menos de dos semanas para que el presidente electo Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, asuman el Gobierno, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad contra el amparo que ordenó garantizar la toma de posesión.
En diciembre, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que «tome todas las acciones necesarias para garantizar el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder» y que se evite «cualquier acción que atente» contra ello no solo de la posesión presidencial, sino de diputados y alcaldes electos en los comicios de 2023.
Curruchiche argumentó que la resolución «causa agravio» en «su calidad de fiscal del Ministerio Público (MP)». Agregó que es «carente de veracidad y no se dan los presupuestos legales para ser declarada con lugar». También indicó que impide las funciones de investigación de la FECI, por lo que exige dejar sin efecto el fallo.
«La Corte de Constitucionalidad ya fue muy clara, en verdad, ya no hay vuelta de hoja. Llegado el 14 [de enero] empezaremos a tomar medidas para que se corrija lo que está pasando en el país», compartió Bernardo.