Sobreprecios, retrasos y anomalías en la adjudicación son parte de las irregularidades que marcaron al proyecto conocido anteriormente como el «By-pass» de La Libertad, el cual fue habilitado por Gobierno de Nayib Bukele el pasado 19 de febrero, ahora nombrado como «Camino a Surf City» porque en esa parte del Litoral se proyectan mejoras en infraestructura para potenciar este deporte y la atracción de turistas.
El proyecto de Ampliación Carretera Zaragoza- By pass La Libertad, estaba previsto lo finalizaran en agosto del 2018 y luego en marzo 2019, pero tuvo un retraso de dos años debido a las irregularidades que se encontraron en el último tramo de construcción y que han sido señalados como indicios de corrupción de la administración anterior.
La obra completa ascendió a una inversión de $61.5 millones, abarca 6.5 kilómetros de carretera a cuatro carriles desde el sector de La Danta, en la carretera al puerto de La Libertad, hasta empalmar con la carretera del Litoral, entre las playas Conchalío y San Blas.
UN TRAMO CON IRREGULARIDADES
Ya con un atraso, en octubre de 2018, el exvicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo que la obra, que consta de tres segmentos, estaría completa en enero de 2019, pero terminaron su gestión y el proyecto nunca finalizó, solo quedaron maquinaria y terracería. Fue hasta el ingreso del actual ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, que se conoció que la obra tenía una demora, ya que del último tramo solo había un 18% de avance.
Fue con el cambio de Gobierno que se encontró que en la construcción del tramo III había varias irregularidades cometidas por el exministro de Obras Públicas Eliud Ayala, con el fin de facilitar la concesión de la tercera parte de la obra a la empresa colombiana Concrescol y la salvadoreña Eben-Ezer, a las que además se les dio un millonario primer desembolso.
El segmento tres, que según las autoridades era el más fácil y abarcaba más de tres kilómetros, tenía que haber finalizado a inicios de 2019, sin embargo, en marzo de ese mismo año se conoció que el MOP había dado un plazo de 130 días extra para la ampliación.
Tras la adjudicación en 2017, la empresa tenía seis meses para el diseño y 12 meses para la construcción. Sin embargo, a finales de mayo del 2019, la empresa suspendió las actividades y retiró la maquinaria.
Según Rodríguez, la empresa colombiana nunca vino al país a realizar ningún trabajo. «Desde ahí estaban incumpliendo el contrato, por eso es que se decidió solicitar la caducidad, y el exministro Eliud Ayala hizo caso omiso de eso», señaló el ministro.
Según la investigación de la FGR, tras un año de adjudicada la construcción y a pesar que las empresas encargadas no habían terminado el diseño, el exministro Ayala entregó un anticipo de $5 millones en lugar de rescindir el contrato y caducar la obra.
El 6 de septiembre del 2019 se caducó el contrato con dicha empresa por lo que se lanzó una nueva licitación para finalizar el segmento el 17 de octubre del mismo periodo. El costo contemplado para el tercer tramo del «by-pass» era de $17 millones, como lo había adjudicado la administración anterior, pero con la nueva asignación bajó a $13 millones.
FALSOS INGENIEROS
La empresa Concrescol fue «fachada» para que al menos siete supuestos ingenieros, con títulos universitarios falsos, ganaran la millonaria licitación en el «bypass», según la Fiscalía General de la República.
Dos de esos supuestos ingenieros civiles se encuentran en proceso judicial acusados de los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y uso y tenencia de documentos falsos. Curiosamente y a pesar de los montos que recibieron, son procesados en libertad.
