Las mafias corruptas que dominan los partidos políticos tradicionales prosperaban a costa de los negocios ilícitos con fondos públicos y con el saqueo descarado de los recursos desviados de obras sociales directamente a sus cuentas bancarias o de testaferros.
Esta rapiña de la cosa pública fue llevado a tal nivel que la institucionalidad del Estado estaba coludida para proteger toda la operación. Durante décadas, en los gobiernos de ARENA y del FMLN, no hubo acciones contundentes en contra de los corruptos, sino solo acciones que pretendían dar escarnio público, pero que pronto eran resueltas sin consecuencias significativas.
Para el caso, el desmontaje de las empresas estatales para beneficiar a una pequeña élite política y económica nunca fue objeto de escrutinio, sino que se potenció como un movimiento osado para generar desarrollo. Sin embargo, la famosa «teoría del rebalse» implementada con los presidentes areneros no fue más que una forma de hacer más ricos a los financistas y dueños del partido.
El Estado fue privado de valiosos activos y unos seleccionados hombres de negocios vieron aumentar sus riquezas, un movimiento que no tuvo mayor beneficio para la población, que pasó a pagar más por los servicios.
Ahora que el presidente Nayib Bukele ha presentado a la Asamblea Legislativa la propuesta para reducir la cantidad de diputados y alcaldes, la vieja clase política ha salido a reclamar la pérdida de sus negocios. Temen perder mayor influencia (aunque ya el pueblo ya casi se la quitó toda al darles la espalda y relegarlos a la irrelevancia) y mantienen la ingenua esperanza de que sus falsas promesas les harán ganar votos en contra del presidente Bukele.
Una reestructuración del sistema político es vital para liberar fondos que son gastados para mantener una burocracia inflada para redireccionarlos, en cambio, al desarrollo económico y social. No es un esfuerzo inútil, porque se trata de dejar de usar $250 millones en veleidades políticas para invertirlos en carreteras, más escuelas, más computadoras, medicinas y equipos en los hospitales, fomento de la agricultura, entre otros.
Se trata de cortarle las alas al activismo político financiado con fondos públicos para así invertir en la gente.
De este modo, la reforma administrativa del Estado (menos alcaldes y diputados) tiene una relación directa con la guerra contra la corrupción declarada por el presidente Bukele. En la medida que se haga más eficiente y efectiva la inversión pública, habrá menos espacio para el desvío de fondos. Y, sobre todo, porque los nuevos funcionarios no tendrán vínculos con las estructuras de saqueo que tanto daño le hicieron a la sociedad salvadoreña.
