El pasado viernes 7 de febrero, a propuesta del presidente de la república, Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, durante la sesión plenaria ordinaria 42 y con el visto bueno de 59 diputados (Nuevas Ideas, PCN, PDC y ARENA), la nueva Ley Anticorrupción.
La normativa, según el mandatario, reforzará la transparencia y el control de la probidad de funcionarios y servidores de todo tipo de entidades públicas, autónomas, descentralizadas y municipales.
Previo a la aprobación de la ley, el 5 de febrero, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, explicó a los diputados de la comisión política de la Asamblea que con la normativa se creará el Centro Nacional Anticorrupción (CNA), que permitirá vigilar a los funcionarios y detectar, en tiempo real, cualquier actividad que pueda considerarse como acto de corrupción.
«Con este nuevo Centro Nacional Anticorrupción, la Fiscalía va a poder ampliar sus facultades en cuanto a la comunicación que actualmente se mantiene con otras instituciones del Estado, ya que estos artículos dan pie a la creación de un sistema informático que facilite la comunicación entre las distintas instituciones del Estado», indicó Delgado.
«También le da la facultad [a la Fiscalía] para tener unidades de enlace en las diferentes instituciones que forman parte del sistema para monitorear en tiempo real cualquier actividad que pueda ser catalogada o presente indicios de que pueda constituir algún acto de corrupción para que sea sancionado tanto por leyes de naturaleza administrativa o por, en el peor de los casos, el Código Penal», agregó.
Delgado aseguró que la nueva ley da un mandato bastante claro a la Fiscalía para analizar los datos que se generan en las diferentes instituciones y también para verificar los ingresos de los diferentes funcionarios, particularmente aquellos que establece la constitución y la ley de la materia que deben rendir las declaraciones de probidad al inicio y a la finalización de sus períodos como servidores públicos.
«Esta nueva ley va a permitir a la Fiscalía, a través del CNA, básicamente, tener a su disposición todas las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República. Hay muchos juicios de cuentas que todavía no finalizan, de administraciones pasadas, que por x o y motivo no han ido avanzando para llegar a una sentencia en la cual se deduzca tanto responsabilidad administrativa como responsabilidad patrimonial de diversos funcionarios de todos los partidos políticos», expresó Delgado.
Según el fiscal general, «el CNA nos va a permitir también proteger más la información, porque la Fiscalía ha tenido que ir luchando a través de los años, principalmente con la comunicación con otras autoridades, el permitir la conectividad entre los sistemas de todas las instituciones permite que la información fluya, sin ningún tipo de traba, que fluya de manera completa y que se garantice que sea analizada de una forma adecuada, no para andar emprendiendo persecuciones de naturaleza política, sino para comprobar hechos criminales, que es la función de la Fiscalía».
Nuevo control cada año
Delgado explicó que la naciente ley también incluye una nueva declaración que deberá presentar cada funcionario, denominada Obligación Especial para Funcionarios y Empleados Públicos. Esta es una declaración que será complementaria a la que se rinde ante la Sección de Probidad. Las declaraciones rendidas a la Sección de Probidad tienen algún tipo de reserva por mandato constitucional; esta nueva declaración es todo lo contrario.
«La obligación especial para funcionarios y empleados públicos es una declaración jurada que viene a constituir un informe de activos y pasivos de cada funcionario público y de cada empleado público que de conformidad con la ley de la materia deban rendir la declaración correspondiente», indicó el fiscal.
El funcionario detalló que las declaraciones que se rinden ante la Sección de Probidad se dan al inicio de un mandato y al finalizar el ejercicio del cargo, mientras que la obligación especial para funcionarios y empleados públicos es diferente y se va a ir incorporando un punto a cada declaración del impuesto sobre la renta que rindan los funcionarios y empleados público cada año.
«Esta declaración en primer lugar se debe rendir en cada ejercicio, al finalizar cada ejercicio fiscal, con la decla[1]ración de la renta y, por ende, va a ser una herramienta mucho más útil que aporte mayor información al Centro Nacional Anticorrupción que la que pueda estar aportando en este momento la información contenida en la declaración que se rinde ante la Sección de Probidad», enfatizó Delgado. La normativa también propone la creación del Sistema Integrado Nacional de Anticorrupción (Sinac), que estará integrado por 12 instituciones públicas, como la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Además, establece un vínculo directo entre la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR para que, cuando existan indicios de hechos relacionados a la corrupción, los involucrados puedan ser investigados de inmediato por los fiscales.
