El expresidente peruano Pedro Castillo comenzará a ser juzgado este martes por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, por el que la fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.
Castillo, de 55 años, pretendió igualmente gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.
Su frustrado plan -que dio a conocer a través de un mensaje a la nación- desencadenó protestas que dejaron medio millar de muertos.
Ahora este maestro de escuela rural y exsindicalista deberá responder ante la Corte Suprema en el juicio del llamado autogolpe, que puede durar meses.
Castillo, que siempre ha rechazado los cargos, cumple un mandato de prisión preventiva de 36 meses.
Se «trata de un caso evidente de intento de golpe de Estado, que se debe sancionar con todo el rigor para que le quede claro a los aspirantes a dictador que eso tiene una sanción fuerte», dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.
Castillo es el cuarto expresidente peruano que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.
Le precedieron Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), quienes fueron condenados, mientras que el juicio a Ollanta Humala (2011-2016) debe concluir este año.
No consumado
Según el auto del juicio, Castillo deberá responder como «coautor» del delito de «rebelión» contra los poderes del Estado y orden constitucional.
También «como autor del delito contra la administración pública – abuso de autoridad – y del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública», señaló la Corte Suprema en un comunicado a la prensa.
La fiscalía sustentará su pedido de 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos, de acuerdo con el expediente de la fiscalía presentado ante el tribunal.
Además, el organismo «solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses».
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció sus medidas contra el Congreso. Ese mismo día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con los votos de bancadas de izquierda y de derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.
Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces en ese país en condición de asilados.
«Nunca me levanté en armas», ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.
