La comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó ayer favorable la iniciativa del Ejecutivo que permitirá a la cartera de Hacienda auditar los fondos asignados a las 262 municipalidades para atender las emergencias provocadas por la COVID-19 y las tormentas Amanda y Cristóbal.
La comisión votó por el dictamen luego de escuchar las explicaciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El funcionario volvió a lamentar la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por verificar el uso que se le dio a los $191.7 millones recibidos por los alcaldes.
La norma, de carácter transitoria y excepcional, será aprobada hoy en la sesión plenaria. Esta permitirá a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda hacer las auditorías.
Zelaya dijo que la cartera de Estado que dirige desplegará hasta 300 personas para hacer el trabajo contable, que espera finalizar en tres meses, aunque aclaró que la vigencia del decreto será de un año.
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El funcionario confirmó que todo hallazgo sobre dichos recursos públicos será notificado a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República (FGR).
«Estamos buscando realizar un examen especial con enfoque jurisdiccional y notificar a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía sobre los hallazgos. Estamos solicitando este [decreto] porque se han perdido millones de dólares», advirtió Zelaya.
El responsable de las finanzas públicas sostuvo que con esta normativa se establecerá «la hoja de ruta» para que las autoridades desarrollen su trabajo, una vez sean notificadas del resultado de la auditoría.
«El borrasaldo de los alcaldes corruptos se terminó», escribió en Twitter el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.
