La comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa aprobó ayer el dictamen favorable para aprobar la ley de agentes extranjeros, que fue enviada la semana pasada por el presidente de la república, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación.
En la sesión de ayer, la comisión hizo pequeñas modificaciones al proyecto de ley inicial, pero no reveló si el dictamen será votado hoy por el pleno legislativo, durante la sesión plenaria.
La presidenta de la comisión, Ana Figueroa, explicó que la normativa garantizará la «transparencia» y la «rendición de cuentas» de los fondos que cooperantes o donantes en el extranjero envían a personas naturales u organizaciones en El Salvador para apoyar diferentes proyectos.
En el dictamen se dejó consignado que las donaciones provenientes de países denominados «paraísos fiscales» no podrán ser recibidas en El Salvador.
Los legisladores subrayaron que la ley no limita el trabajo de las organizaciones en El Salvador, pero obliga a transparentar y clarificar quiénes son sus financistas, la licitud y el destino de los recursos que se les entregan.
Aquellas donaciones encaminadas a apoyar programas y proyectos de interés social estarán exentas de pagar impuestos. Las donaciones que no tengan esta finalidad pagarán un 40 % de impuesto y los fondos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y serán destinados a las carteras de Salud y Educación.
Otro elemento que definió el proyecto de ley es la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAE), que estará adscrito al Ministerio de Gobernación, y en donde se consignarán el origen y la legalidad de cada cooperante extranjero que apoye a organizaciones o personas naturales en El Salvador.
Este registro será la garantía tanto para el cooperante extranjero como para quien recibirá los fondos en el país de que estos serán usados de acuerdo con el fin al que estaban destinados, y que no se desviarán a otras áreas que no estaban definidas en los proyectos de trabajo. La comisión aclaró que la ley no va a limitar a ninguna organización, como han sostenido grupos y diputados opositores al Gobierno Central.
La ley también establecerá en sus sanciones las multas y cancelaciones tanto para personas u organizaciones en El Salvador como para sus pares en el extranjero por no informar ni detallar los fines ni las líneas de trabajo.
Las multas serán desde $100,000 hasta $200,000, según la gravedad de las infracciones, y en el castigo máximo se eliminará la personería jurídica que se tenga. La nueva norma jurídica definió también que se habilitará un plazo máximo de 180 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la entrada en vigor de esta, para completar el registro de los sujetos obligados en el RAE de Gobernación.
«Lo que garantizamos [con la ley] es transparencia. Que los fondos que envían nuestros amigos en el extranjero no provengan de actividades ilícitas y que no busquen injerencia en la política y la soberanía del país», señaló la presidenta de la comisión.
El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, remarcó que las organizaciones sociales no pagarán impuestos sobre las donaciones recibidas, lo que descarta las versiones de sectores opositores.