Un total de 25 jueces de paz de todo el país participaron, este lunes, en el taller «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992», dicho dictamen pasó parte del territorio salvadoreño conocido como los Bolsones a territorio hondureño.
El taller tenía por objetivo instruir a los jueces de paz en la situación legal y jurídica de las 18,000 personas afectadas radicados en la zona fronteriza con Honduras, los ex Bolsones.
«Este taller es sobre la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992 sobre los Bolsones, tras la sentencia, quedaron varios cantones fuera de nuestro país, que ahora forman parte de Honduras, nosotros tratamos de ver, como velamos por los derechos de todas estas personas que al parecer no son de aquí, ni de allá, que tienen su documentación salvadoreña, pero sus tierras quedaron en Honduras», indicó Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Unidad de Facilitadores judiciales de dicha institución.
La magistrada explicó que, tras el taller, los jueces se encargan de darles capacitaciones a los 700 facilitadores judiciales distribuidos en todo el país. Los facilitadores judiciales son líderes de cada comunidad, que median en los conflictos de la población antes de llegar ante un juez, quienes, además, presentarán informes a los jueces sobre la situación legal y jurídica de cada una de las personas afectadas.
El taller también contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, como parte del trabajo coordinado entre ambas instituciones por velar y hacer valer los derechos de los salvadoreños afectados.
«Para nosotros es fundamental este tipo de apoyos coordinados, este es el mejor ejemplo de trabajo interinstitucional como Estado, no solo como Gobierno, sino también como Estado, de poder apoyar a los salvadoreños que fueron afectados por la sentencia de la Haya de 1992 y que ahora están en nuestros sectores delimitados, son 18,000, ese es el dato que nos ha arrojado el censo», señaló Mira.
Para la viceministra es muy importante que después de 31 años, el trabajo del Gobierno llegue a estas zonas para darles a conocer y hacerles valer los derechos decretado en la sentencia.
«Para realizar este trabajo, los facilitadores son fundamentales ya que ellos están en el terreno y el territorio explicando a cada uno de los salvadoreños afectados cuáles son sus derechos», destacó Mira.
La funcionaria explicó que entre los proyectos que se tienen con los afectados en los bolsones está el otorgamiento de un carné que los identifica como salvadoreños afectados por la sentencia, dicho proyecto iniciará en diciembre y espera ser ejecutado en tres meses, para que puedan desplazarse de un país a otro.
Además, el Gobierno a través del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Agricultura y Ganadería les entregan paquetes agrícolas, dan insumos educativos con el ministerio de Educación, buscan acercar DUI centros para que las personas puedan obtener su documento, consulados móviles para poder sacar pasaporte, también en coordinación con el ministerio de Obras Públicas para construir puentes transfronterizos para que las personas ya no crucen a través de quebradas y ríos.
Los sectores afectados, conocidos como ex Bolsones, son seis: Tecpangüisir, Las Pilas-Cayaguanca, Arcatao-Sazalapa, en Chalatenango; Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán; Monteca o Dolores, en La Unión y Los Amates o Goascorán, también en La Unión.
