La Corte Suprema de Justicia, CSJ, contrató seguros médicos hospitalarios por $17.2 millones para tres años, pero eso no garantizó que algunos empleados fueran rechazados en listas de espera de citas en algunos centros médicos entre noviembre y diciembre pasados, debido a que la aseguradora no había recibido los pagos.
Informes de Transparencia del Órgano Judicial detallan que la CSJ, pagó en 2018 la cantidad de $5,098,066.00; mientras que para 2019 la cifra fue de $5,526,015.00 en concepto de seguros médicos para los empleados y para el 2020 se invirtió $6,726,057.00.
Hacia el final de año 2020, empleados pasaron penas al no ser atendidos porque la CSJ no había efectuado algunos pagos. La Corte confirmó que hay una deuda pero señaló que han «gestionado en muchas ocasiones -desde el mes de mayo del año 2020- ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el pago de las primas de seguros por un monto de $6,726,057.00 para honrar la obligación adquirida con el proveedor que brinda el servicio de Seguros de Vida y Médico Hospitalario del personal; deuda que no ha sido cubierta en su totalidad, ya que a la fecha existe un saldo pendiente de transferir de parte del Ministerio de Hacienda al proveedor por un monto de $3,850,000.00».
Según empleados de esa institución, la CSJ habría caído en impago desde noviembre de 2020 con la aseguradora Vivir, la cual brinda el servicio a los empleados de la institución para la cobertura de seguro médico hospitalario en establecimientos privados.
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La Corte asegura que no ha caído en impago «ya que esa competencia de transferir fondos para pagos, conforme según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado le corresponde a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda».
Los problemas de cobertura comenzaron hacerse evidentes cuando algunos empleados que requerían del beneficio médico fueron a pasar consulta, pero al retirar medicamentos les informaron que debido a que no se habían efectuado pagos de la Corte Suprema a la aseguradora, los servicios brindados debían ser cancelados en su totalidad por los empleados y no como se había estado efectuando al aportar la empresa aseguradora el 85% de los gastos totales, mientras que los empleados pagan el 15%.
Sindicalistas del Órgano Judicial informaron a este periódico que, en vista de lo ocurrido, solicitarán a los magistrados en Corte Plena que exija a la compañía cumpla con la cobertura de los servicios ofrecidos, ya que los trabajadores no tienen culpa de que la institución haya caído en impagos.
«Que le exijan a la empresa Vivir que cumpla porque no están cumpliendo con el contrato, de lo contrario vamos a tener que hacer público y vamos a tener que ir a la Corte de Cuentas a denunciar que se está pagando una millonada de plata porque no nos dan un servicio. No puede ser que se esté pagando la millonada de plata que se le paga a la aseguradora y los trabajadores no tenemos el beneficio», fue la opinión del secretario general del Sindicato de Trabajadoras Y Trabajadores del Órgano Judicial (Sittoj), Roswal Solórzano.
Agregó que la respuesta que una y otra vez han tenido de médicos y encargados de farmacias ha sido la misma: «no puedo atenderlo porque dice la seguradora que como la Corte no le ha pagado no pueden atender, y si usted quiere la consulta médica se la doy con gusto, pero vale $20».
Mientras que en farmacias les han comunicado que «va a disculpar porque tiene que pagar usted… la aseguradora dice que mientras no le pague la Corte Suprema de Justicia no se les va a dar el servicio».
Empleados que prefirieron el anonimato dijeron que personas con enfermedades crónicas o que requieren de cirugías y medicamentos especializados han ahorrado tiempo –aunque implique un desembolso menor para ellos– por los servicios médicos, pues las citas en el Seguro Social son muy tardadas, algunas veces no han podido encontrar el medicamento que necesitan o consideran que la medicina es de menor calidad a la que obtienen comprándola a menor costo –como beneficio– en negocios privados.
«Sí ha ayudado bastante el seguro en cuanto a cirugías, pero ha habido quejas de que no los han atendido por el hecho de que no habían cancelado», comentó una empleada.
Jueces con seguro «Plus»
Los consultados explicaron que los jueces y magistrados gozan de un seguro privado, pero con otra compañía y que los beneficios de cobertura superan en mucho a los que tienen el resto de empleados judiciales.
«Los jueces y magistrados tiene otro seguro, el de ellos les cubre hasta $100,000 y últimamente, no sé si me estoy equivocando hasta $125,000. El seguro de ellos no es de [aseguradora] Vivir, es de Acsa, o sea, para ellos lo mejor», comentó Solórzano.
A los sindicalistas les parece «extraño» que solo la mencionada compañía esté ganando los contratos del seguro médico hospitalario para empleados.