La llegada de miles de migrantes procedentes de México cada día pone bajo presión a los estados y a la Policía en las fronteras de Estados Unidos, una crisis que expone a la administración del demócrata Joe Biden a fuertes ataques de sus adversarios republicanos. En las últimas semanas, la Policía Fronteriza dio cuenta de unos 10,000 cruces por día, un ritmo más intenso que en los meses previos.
Más de 2.4 millones de migrantes fueron interceptados por vía terrestre entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un flujo también superior con respecto al de años anteriores. Las razones de esta reciente afluencia no son tan claras. La Policía Fronteriza culpa a la «desinformación destilada por los traficantes de personas hacia gente vulnerable».
Varios inmigrantes entrevistados por la AFP el jueves en Texas hablaron de rumores sobre un cierre inminente de la frontera. Desde el martes, las vías del ferrocarril en los puentes Eagle Pass y El Paso, en Texas, están cerradas debido a un «resurgimiento» de ingresos irregulares de migrantes en trenes de carga.
En Eagle Pass, los cruces de vehículos han sido nuevamente suspendidos desde principios de mes, igual que en un punto de cruce en Arizona y otro en California. La Policía Fronteriza asegura que está teniendo que redistribuir a su personal para concentrarlo en la interceptación y el registro de migrantes.
Tras acusar al presidente Biden de «inacción deliberada» frente a la situación, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el lunes una controvertida ley que penaliza los ingresos clandestinos en su estado.
La ley crea un «delito penal de ingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero», punible con entre seis meses y 20 años de prisión en caso de reincidencia.
El texto, que podría entrar en vigor en marzo, otorga a las autoridades estatales el poder de arrestar a inmigrantes y deportarlos a México, prerrogativas que en principio recaen en las autoridades federales.
Varias organizaciones de derechos humanos, incluida la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda para impugnarlo por inconstitucional.
