El 16 de enero de 1992, el Gobierno salvadoreño, en manos del partido ARENA, firmó con la guerrilla salvadoreña, ahora partido FMLN, el acuerdo político de cúpulas para poner fin al conflicto armado que durante 12 años asoló el territorio nacional, dejando profundas heridas en la sociedad.
La firma de este acuerdo fue rubricada en el Castillo de Chapultepec, México, por Félix Alfredo Cristiani, en su calidad de presidente de la república, y ahora prófugo de la justicia, y por varios comandantes guerrilleros, como Leonel (Salvador Sánchez Cerén), quien 22 años después fue electo presidente, pero también es prófugo de la justicia por actos de corrupción en su gestión 2014-2019.
Si bien este acuerdo puso fin a los enfrentamientos armados entre el viejo Ejército y los guerrilleros, fue inoperante para solventar los problemas sociales de fondo, como la difícil situación económica, que fue una de las causas que motivaron el conflicto bélico, señaló el analista y filósofo David Hernández.
«Se olvidaron de abordar el principal problema del país: la enorme desigualdad económica que desde siempre había existido en El Salvador. Los acuerdos de paz entre las cúpulas
del FMLN y de ARENA realizaron cambios cosméticos que no solucionaron los principales problemas, como una distribución equitativa de la riqueza, una reforma agraria que llegara hasta los lugares más abandonados y una reforma urbana que solucionara el problema habitacional de las ciudades», rememoró Hernández.
El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez coincidió con Hernández al señalar que esos acuerdos de 1992 fueron limitados porque no diseñaron un plan de seguridad pública para enfrentar la posguerra que se tradujera en una verdadera paz social.
Al contrario, se generó un caldo de cultivo para el nacimiento de las pandillas, que por tres décadas fueron las responsables de homicidios, extorsiones, amenazas, desapariciones forzadas, privaciones de libertad, violaciones y reclutamiento forzado de menores de edad para que integraran esas estructuras delincuenciales.
«Uno de los principales elementos que no fueron resueltos con esos acuerdos fue la paz, porque el país continuó en otro escenario, pero con altos niveles de violencia [por las pandillas]», analizó Rodríguez. De igual manera, con el acuerdo de cúpulas no se negoció el cambio del sistema capitalista, con su modelo neoliberal, que imperaba en ese momento.
«No encontraron el rumbo que decían que iba a llevar el país, y los señores del FMLN, cuando asumieron el poder, no pudieron contrarrestarlo; más bien, ellos se unieron», consideró Rodríguez. En ese sentido, Hernández criticó al FMLN, pues los acuerdos de paz que firmó solo sirvieron para incorporar a la guerrilla como instituto político, para que compitiera en las elecciones, pero no jugó un rol protagónico ni como oposición ni como Gobierno.
De hecho, durante las administraciones efemelenistas se registraron los más altos índices de homicidios que ha tenido El Salvador. Pero, desde el 1.° de junio de 2019, después de derrotar en las urnas el bipartidismo ARENAFMLN, el presidente de la república, Nayib Bukele, comenzó a trabajar por una nueva realidad de verdadera paz que se manifiesta en los ámbitos de economía, educación, infraestructura, salud y seguridad pública. Hoy, el gobernante concluye su cuarto año de gestión e inicia el quinto con una amplia aceptación y respaldo popular sin precedentes en la historia del país, según diversas encuestas nacionales e internacionales. Su informe anual lo presentará hoy por la noche en la Asamblea Legislativa, que en la presente legislatura tiene mayoría calificada con Nuevas Ideas, que ha dado la gobernabilidad necesaria al Ejecutivo.
Bukele se ha dedicado a combatir la inseguridad social, que fue uno de los problemas no abordados con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, y tampoco solucionados en el posconflicto con los 30 años de gobiernos areneros y efemelenistas.
Con el propósito de combatir la inseguridad, el Ejecutivo diseñó el Plan Control Territorial (PCT), conformado por siete fases, de las cuales ya se conocen y ejecutan cinco: Control Territorial, Oportunidades, Modernización, Incursión y Extracción.
La última fue implementada a inicios de diciembre de 2022 en el municipio de Soyapango (San Salvador), donde cientos de policías y soldados salieron a las calles para capturar a los pandilleros y devolver la tranquilidad a los lugareños.
Esa fase se extendió después a San Salvador y Nueva Concepción, Chalatenango. «La herencia de esta nueva paz la vemos a diario, pues se trata de una herencia que se inscribe en el inconsciente colectivo, donde la convivencia sana, la seguridad para todos los ciudadanos, el derecho a la libre circulación y la participación democrática son los pilares fundamentales de la nueva realidad que vive la sociedad salvadoreña», consideró el analista y filósofo David Hernández.
De hecho, medios de comunicación nacionales e internacionales han reconocido que las colonias Las Margaritas y La Campanera, en Soyapango, han sido recuperadas del control que anteriormente ejercían los grupos terroristas, y ahora los ciudadanos viven con tranquilidad gracias al PCT.
«Se trata de una herencia democrática, pues forma parte del gran apoyo popular; arriba del 90 % desde el comienzo de su gestión ha gozado el presidente NayibBukele», manifestó David Hernández, señalando que El Salvador, con el actual mandatario, «avanza hacia el progreso y la democracia, justicia y libertad».
A pesar de los inéditos resultados, la oposición política se ha dedicado a atacar los esfuerzos del Gobierno al combatir a los grupos delincuenciales, e incluso se han quejado de la implementación del régimen de excepción, al que califican de atentatorio en contra de los derechos humanos.
No obstante, medios de comunicación internacionales de Estados Unidos, Honduras, Perú, Colombia y España han mostrado la nueva realidad social en El Salvador. Funcionarios de Colombia, Costa Rica y Perú, así como candidatos a cargos de elección popular de Ecuador, han aplaudido el trabajo de Nayib Bukele en seguridad pública.
En países como Honduras y Ecuador se han replicado medidas como el régimen de excepción para el combate de las pandillas y el crimen organizado, que en El Salvador está vigente desde marzo de 2022
. El agradecimiento que la población tiene por el buen clima de seguridad queda evidenciado en los resultados de las encuestas, como las de CID Gallup, que reflejaron que nueve de cada 10 salvadoreños respaldan el trabajo del gobernante en materia de seguridad.
La casa encuestadora Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica (Ciesca) publicó a inicios de esta semana que el presidente de la república cierra su cuarto año de mandato e inicia el quinto con el 91.78 % de aprobación, y que el 92.21 % aprueba el régimen especial.
TResearch publicó ayer en su última encuesta que, «desde junio de 2022 hasta junio de 2023, el porcentaje de personas que consideran que la situación de seguridad está “mejor/igual de bien” ha aumentado de 73.5 % a 95.3 %. Esta es una tendencia positiva que indica una mejora en la percepción de la seguridad en el país». Para el sociólogo Mauricio Rodríguez, el avance positivo que siga teniendo El Salvador con el Gobierno del presidente Nayib Bukele dependerá de la población.
«Eso va a depender de nosotros, los salvadoreños, que sigamos dándole la confianza al presidente, que haya una Asamblea Legislativa que sea congruente. El país va a avanzar si y solo si como salvadoreños seguimos dándole el apoyo al presidente», consideró.
Las elecciones para elegir al próximo presidente de la república serán el 4 de febrero de 2024. Nayib Bukele anunció en septiembre de 2021 que competirá por un segundo mandato. En esos comicios también serán electos los diputados de la Asamblea Legislativa.
