La muerte de decenas de migrantes es el resultado de las políticas migratorias negociadas entre Estados Unidos y México, que han obligado a las personas que buscan refugio a permanecer en ciudades fronterizas sin ninguna estrategia de atención que garantice sus derechos, sentenció la subdirectora de la organización Al Otro Lado, Soraya Vázquez.
A criterio de la experta, las medidas que Estados Unidos ejerce para que los migrantes no crucen su territorio de manera ilegal han provocado que México hacine, contenga, arreste y criminalice a miles de familias, sacrificando cualquier derecho humano. «México se ha convertido en cómplice del trato inhumano», enfatizó la representante de la organización, con sede en Tijuana, que ofrece el apoyo legal y humanitario a refugiados, deportados y otros migrantes en Estados Unidos.
Un hecho trágico la semana pasada en una estación migratoria provisional o centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigida por el Instituto Nacional de Migración (INM), desató una ola de críticas contra el Gobierno mexicano. Treinta y nueve migrantes de Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela y El Salvador fallecieron a causa de un incendio. Otras 28 personas se encuentran hospitalizadas, muchas de ellas en estado de gravedad.
Pese a los señalamientos, las autoridades mexicanas culpan a los migrantes por quemar colchonetas el 27 de marzo dentro de una de las celdas de la estancia, que por años ha tenido una serie de irregularidades expuestas por los organismos en defensa de los migrantes y que han sido omitidas por el Gobierno. La subdirectora de Al Otro Lado comunicó que hay registros que evidencian las condiciones deplorables en las instalaciones. Sin embargo, la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión contra un migrante que supuestamente inició el fuego, a pesar de que él mismo fue «víctima» de estas políticas.

El 31 de marzo, una publicación de la Prensa Asociada reveló que el abogado Jorge Vázquez Campbell presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el responsable de INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, por supuestamente haber dado la orden por teléfono de no abrir la celda donde se encontraban los migrantes.
Periodistas consultaron en conferencia sobre este hecho a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien se limitó a decir que es parte de la investigación y que no habrá impunidad para nadie.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México publicado en 2019 indica que la capacidad máxima para este centro es de 60 personas, lo que significa que el reducido espacio donde había 68 migrantes ese lunes ya estaba aglomerado. «Esa obsesión [de reprimir] es la que conduce la política migratoria. En México, la detención es sistemática y no una excepción a la regla, como respuesta a la presión de Estados Unidos, que pide que se aleje a los migrantes de la frontera», insistió la subdirectora Vázquez y destacó las políticas de expulsión exprés: Título 42 y el programa Permanecer en México, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).
Los gobiernos de Estados Unidos y México dicen «que privilegian supuestamente una migración ordenada y segura, pero en el centro de esas políticas no se coloca la integridad ni la seguridad de los migrantes. Estas se desarrollan en torno a sus preocupaciones», sostuvo.
«Si la figura del asilo de Estados Unidos ya se hubiera restablecido, como tiene que ser, con un debido proceso y reconociendo el derecho de todas las personas de solicitar asilo, esto no habría ocurrido», manifestó la subdirectora.

LA HISTORIA SE REPITE
El 31 de marzo de 2020, más de 150 migrantes protestaron por el hacinamiento en la estación migratoria en Tenosique, Tabasco, en plena pandemia por la COVID-19. Los migrantes exigieron al INM retornarlos a sus países de origen, ya que permanecer encerrados los ponía en un riesgo, pero, a falta de respuesta de autoridades, las personas quemaron las colchonetas en la estación. En el incendio murió una persona y 14 personas más resultaron heridas. El CNDH reportó la intoxicación de varios migrantes, además de la afectación emocional de otros.
En esta ocasión, la comisión recomendó que en todas las estaciones migratorias y estancias provisionales del estado se incorporara un equipo médico y psicólogos «suficientes en cada turno para afrontar emergencias médicas y de crisis nerviosa o emocional, como las derivadas de la actual pandemia por la enfermedad COVID-19». Sin embargo, no fueron tomadas en cuenta. Para Vázquez estos centros no deberían existir porque «migrar es un derecho».
UN CASO EXCEPCIONAL
Para la subdirectora de la organización Al Otro Lado, Soraya Vázquez, solo la condición de ser migrante es un flagelo para cualquiera en México. La especialista compartió a «Diario El Salvador» que, entre los 68 migrantes detenidos en la estación migratoria, se encontraba una persona con visa por razones humanitarias, pero que fue retenida solo por caminar con el grupo que luego fue afectado por el incendio. Ellos solo buscaban limpiar automóviles o vender artículos para sobrevivir. «Ni siquiera validan los documentos que la propia autoridad migratoria les otorga», dijo. «Saben que no hay consecuencias. No dignifican», expresó.
