Después de escuchar a los expresidentes Alfredo Cristiani y Antonio Saca y a los exvicepresidentes Carlos Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar, de los gobiernos de ARENA, uno no puede menos que pensar que el ejercicio del poder durante esa época era una verdadera danza de millones. Millones de dólares eran sustraídos de los fondos generales de la nación por medio de la partida secreta, la cual los exfuncionarios creían que, por ser denominada también como «de gastos discrecionales», los respaldaba para no dar explicaciones ni cuentas de ninguna clase.
Hemos visto a exfuncionarios de los gobiernos del FMLN reaccionar extrañados cuando la Fiscalía General de la República los acusa de apropiación indebida de fondos públicos y de lavado de dinero. Asumían que eran merecedores de tener grandes salarios y que, debido a que la ley no estaba a la altura de sus aspiraciones, les asistía el derecho de recibir un «complemento salarial» acorde con sus pretensiones, sin importar que ello significara violar flagrantemente la ley y que, como consecuencia directa, se desviaran fondos que bien pudieron haber servido para comprar medicinas, construir carreteras o mejorar las condiciones de educación de miles de niños a lo largo y ancho del país.
Los efemelenistas en el poder llegaron a la conveniente conclusión de no cuestionar los sobresueldos después de abrazar abiertamente las prácticas que una vez denunciaron como corruptas cuando eran oposición. Su discurso de reclamar transparencia y honestidad quedó como un vago eco de tiempos pasados, cuando aplicaron en sí mismos el mecanismo elaborado por los burócratas de ARENA.
Ahora que la alianza ARENA-FMLN dejó el poder, la estrategia de los señalados de cometer delitos es la misma: negar cualquier irregularidad y, en caso de duda, escapar del país. Así lo hizo el expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, quien se refugia en Honduras. Los expresidentes de los dos gobiernos del FMLN comparten, además de la acusación del manejo corrupto de los fondos públicos, la protección del régimen de Daniel Ortega.
Salvador Sánchez Cerén se sumó a Mauricio Funes para buscar respaldo en la Nicaragua orteguista. El excomandante Leonel González obtuvo la nacionalización nicaragüense en tiempo récord, en un afán de gozar, como Funes, de la impunidad. Este es el legado del FMLN: la corrupción desenfrenada y la huida de la justicia.
Pero una cosa hay que tener clara: Ortega no hace nada gratis, y lo ha probado a lo largo de la historia con otros personajes de otras latitudes, como mafiosos y terroristas. Si Funes y Sánchez Cerén pueden pagar esa protección es porque los respalda la danza de millones en la que participaron.
