La aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos significó saldar una deuda histórica de más de una década en la Asamblea Legislativa que se fue ampliando cuando los partidos ARENA y FMLN, que estuvieron 30 años en el Ejecutivo, engavetaban propuesta tras propuesta.
Ni la derecha ni la izquierda tradicionales, ya moribundas, tuvieron el interés verdadero de otorgarle al país un marco legal que garantizara, en primer lugar, que el agua sería un derecho, y con ello, en segundo lugar, un abastecimiento de calidad y no, como mencionó acertadamente la diputada Sandra Martínez, mantener al pueblo salvadoreño condenado al cántaro, al barril o al chorrito.
La emoción de la diputada cian, quien fue atacada verbalmente cuando se discutía el articulado en la comisión «ad hoc» creada para analizar el anteproyecto de ley, debería ser compartida por todos los residentes de El Salvador, pues luego de 15 años en que se pusieron trabas por responder a intereses particulares, la ley de 179 artículos fue aprobada con 65 votos.
Pero no pasaron ni 24 horas cuando miembros de ciertas organizaciones montaron una conferencia de prensa para anunciar que estaban en contra de lo aprobado. Son las mismas que cuando ARENA dijo que apoyaría dicha ley se opusieron, y cuando el FMLN lo hizo también la rechazaron, aunque en menor medida porque se suponía que tenían ideales socialistas en común. Ahora que el pueblo le otorgó la correlación a Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa para saldar deudas históricas, retoman su oposición.
Estuvieron, están y estarán en contra. Conocemos las razones: buscan mantenerse con el discurso confrontativo y de negación para no seguir perdiendo adeptos ni financiamiento, del exterior principalmente, que es otorgado por instancias que también cuestionan a los gobiernos de turno, a veces «solo porque sí».
¿Quién, objetivamente, se opondría a una ley que desde su primer artículo busca garantizar un abastecimiento hídrico de óptima calidad y suficiente cantidad? Solo los que quieren seguir con el discurso de oposición, como lo hacen algunos diputados que, sin leer el dictamen de la comisión «ad hoc», criticaron lo que se aprobaría en el pleno. Es un libreto reconocido al que le quieren seguir sacando lustre.
Veamos someramente algunos puntos de la nueva ley: se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento; el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición; se crea la institucionalidad que ordene y articule los usos y aprovechamientos de los recursos hídricos, así como la gestión adecuada de los vertidos; se establece que es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible; se crea la Autoridad Salvadoreña del Agua, instancia superior, deliberativa, rectora y normativa en materia de política de los recursos hídricos; se establecen los organismos zonales de cuenca como entes técnicos administrativos de la ASA a nivel zonal; se creará un Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional, a través de la ASA; se obliga al Estado a fomentar el desarrollo de las capacidades de las juntas de agua en zonas urbanas y rurales para el cumplimiento de la normativa correspondiente.
Además, se establece que toda la información sobre las aguas superficiales y subterráneas será recopilada, almacenada y sistematizada para conformar el Sistema de Información Hídrica; habrá Registro Nacional de los Recursos Hídricos; se consigna que el uso doméstico del agua no requerirá autorización ni será sujeto de cobro de canon de uso y aprovechamiento por parte de la ASA; el Estado deberá fomentar el aprovechamiento y la cosecha de agua lluvia, y de todas las resoluciones administrativas emitidas por la ASA, la persona natural o jurídica interesada podrá interponer recurso de reconsideración.
¿Una ley perfecta? Imposible. En todo caso, si se desea modificar, puede hacerse mediante los procedimientos e instancias correspondientes. Pero oponerse solo por consigna ideológica o política no genera ningún provecho, como no lo hizo durante 15 años.
