Nayib Bukele, con su llegada a la presidencia de la república en 2019, desencadenó una «ruptura del Estado», sostiene el sociólogo, comunicador, docente e investigador universitario Ricardo Sol Arriaza, en un artículo publicado en la revista Con-Secuencias.
En su extenso artículo titulado «La democracia desafiada y la reconstrucción del Estado y la sociedad salvadoreña», Sol Arriaza recuerda cómo el apoyo mayoritario recibido por Bukele en las elecciones presidenciales de febrero de 2019, y la debacle de los partidos tradicionales ARENA y FMLN en esos comicios, allanaron el camino para darse lo que él llama «ruptura del Estado».
«La llegada a la presidencia de la República de El Salvador con un voto ampliamente mayoritario y una baja sensible del apoyo popular a los partidos del viejo régimen, desencadena lo que he calificado como una “ruptura del Estado” o, más específicamente, del régimen de posguerra», puntualiza.
Bukele ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales de febrero de 2019 con 1,434,853 votos los comicios que significaron además la caída de 20 años de gobierno consecutivos areneros y 10 años de administraciones efemelenistas.
El sociólogo e investigador sostiene que el torcimiento de esa ruptura quedó evidenciado en los inicios del gobierno de Bukele, donde tuvo que soportar un ambiente hostil de la Asamblea Legislativa dominada por los partidos tradicionales.
«El punto de inflexión de esa ruptura queda plasmado en los primeros 10 meses en el que Bukele ejerce la presidencia», dice Sol Arriaza, recordando que el dominio de ARENA y FMLN en la Asamblea bloquearon todo financiamiento al Ejecutivo para desarrollar sus proyectos y programas.
«En ese período, la Asamblea Legislativa está integrada por miembros de los partidos fundantes y dominantes en el «régimen de posguerra», por lo que dicho poder Legislativo decide no financiar al Ejecutivo en sus proyectos más significativos, principalmente el de (Plan) Control Territorial», plantea.
También explica que la indiferencia del congreso de entonces para con el crédito internacional que permitiría a las fuerzas del orden público y militar modernizarse ocurría «mientras la escalada de violencia criminal de las pandillas o “maras”, amenazaban la estabilidad del gobierno o, mejor dicho, del propio Estado» salvadoreño.
Dicho préstamo era por $109 millones, destinado para financiar la fase III del Plan Control Territorial (PCT), vinculada con la modernización del equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, y prepararlos para el combate del crimen.
El PCT y el estado de excepción han permitido al Gobierno del presidente Bukele reducir drásticamente los homicidios, encarcelar a más de 83,000 pandilleros, recuperar los territorios en poder de los criminales, asestar duros golpes al crimen común y organizado y al narcotráfico.
La administración Bukele también tuvo que lidiar los dos años primeros años de su primera gestión con una legislatura adversa que bloqueó sus proyectos y programas en medio de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Bukele comenzó a desarrollar sin bloqueos sus programas y proyectos a partir de la instalación de la nueva legislatura, período 2021-2024, desde el 1.º de mayo de 2021, con 56 diputados de Nuevas Ideas otorgados por la población en las urnas, que comenzaron a votar por el bienestar de las comunidades y sus habitantes.
