Una investigación interna realizada por las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha dejado al descubierto una serie de presuntos hechos de corrupción en el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, que hasta la fecha ha ocasionado un perjuicio económico de $120 millones.
La directora del ISSS, Mónica Ayala Guerrero, ha advertido que un lesivo «acuerdo complementario», suscrito el 11 de septiembre de 2015, entre el entonces director del ISSS, Ricardo Cea, y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) allanó el camino para evadir los mecanismos de control legal y favorecer a través de licitaciones «amañadas» a la cuestionada empresa International Business and Trade LLC (IBT), vinculada al empresario dominicano José Ramón Brea, un contratista que, según un aviso interpuesto en la Fiscalía General por el Gobierno de El Salvador, ha sido investigado en al menos siete países por supuesto fraude, corrupción, extorsión e incumplimientos de proyectos.
Según la directora del ISSS, a raíz del acuerdo marco ilegal, la UNOPS adquirió el control absoluto de la ejecución de la obra, además, con la adjudicación de la supervisión de la obra, se favoreció a la empresa Cal y Mayor y Asociados que, pese a un inadecuado proceso de supervisión, ahora exige el pago de más de $750,000.
Según el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, entre las arbitrariedades está que 29 empresas retiraron las bases de competencia de la licitación, pero curiosamente solo una presentó oferta y fue la que ganó: IBT Group.
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En el aviso presentado en la Fiscalía se ha incorporado información en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que en esa cartera de Estado no hay documentación que confirme que el expresidente, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), haya delegado plenos poderes a Ricardo Cea para suscribir dicho acuerdo complementario, por lo que ese convenio es nulo, según Mónica Ayala Guerrero, directora del ISSS.
La funcionaria señaló que al no delegarse poderes plenos, hubo una violación al artículo 168 de la Constitución de la República y el artículo 32 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.
La Carta Magna establece que la suscripción de tratados y convenios internacionales es una potestad del presidente de la república y el ministro de Relaciones Exteriores, y que otros funcionarios están obligados a solicitar plenos poderes; de no hacerlo, le acarrean nulidad al instrumento firmado.
«UNOPS, un organismo internacional de las Naciones Unidas que se dedica a la administración de este tipo de contratos, estaba en perfecto conocimiento de esto y aun así accedió a que se firmara un contrato sin tener plenos poderes. Este contrato según nuestra legislación es nulo», dijo Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia.
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En la información recopilada por el ISSS, consta que el 31 de agosto de 2015 «en un claro exceso de sus facultades legales», el Consejo Directivo del ISSS autorizó a Ricardo Cea la firma del acuerdo complementario. En ese consejo estaba el representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresó Castro, y ningún miembro de esa junta directiva denunció lo ocurrido, por lo que podrían haber incurrido en una omisión, sostuvo.
A pesar de lo denunciado, el exdirector del ISSS, Ricardo Cea, permitió entregar a la UNOPS el control total de la obra y habría obligaddo al Seguro a correr con todos los gastos y a asumir las consecuencias de los contratos que hiciera la UNOPS, entidad que incluso quedó exonerada de cualquier responsabilidad por el diseño original y sus defectos.
Diario El Salvador intentó hablar con Ricardo Cea, pero no respondió a la solicitud, aunque en un video difundido en su cuenta de Twitter admite que, con el aval del consejo directivo del ISSS, se firmó el acuerdo complementario con la UNOPS para que fuera la responsable del proyecto de la construcción del hospital en su totalidad.
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«El Seguro Social, la administración no intervino para nada en esos procesos de licitación, porque el objetivo de hacer ese edificio a través del gerenciamiento de la UNOPS fue para evitar actos de corrupción que se habían visto en administraciones anteriores», expresó Cea.
El exfuncionario dijo que al ceder el proyecto a este organismo internacional, se evitaba que representantes del ISSS intervinieran en procesos de compra para la ejecución de la obra y que en el Seguro Social hay documentación que lo respalda.
