Más que logros, los primeros dos años del Gobierno del presidente Nayib Bukele han sido de profundas transformaciones, empezando por el trascendental fin del bipartidismo que pulverizó décadas de saqueos cometidos por ARENA y el FMLN desde el Ejecutivo. Como una consecuencia de la pérdida del poder central, ambas agrupaciones sufrieron su posterior desplazamiento de la Asamblea Legislativa gracias a la llegada de una bancada comprometida con los planes y proyectos del gobernante.
Sin embargo, el rasgo más representativo de la actual administración es haber colocado al ciudadano común al centro de todas las políticas públicas. Esto llevó a un enfrentamiento con las élites corporativas que controlaban estructuras del Estado por medio de sus partidos políticos en la vieja Asamblea Legislativa, magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y grupos de presión que actúan bajo la fachada de «organizaciones de la sociedad civil» (término acuñado tras el desprestigio y desgaste de las ONG), replicadas en el aparato ideológico de propaganda de sus medios de comunicación.
Fue mediante este frente unificado que la oposición bloqueó los planes de atención del Gobierno para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19: cierre al financiamiento internacional (incluso crearon un nuevo paso para recibir los pocos créditos aprobados), el desmontaje del confinamiento en la etapa más crítica del contagio bajo argumentos meramente mercantiles y la difusión de bulos y desinformación.
Es decir, mientras había una apuesta decidida desde el Ejecutivo para preservar la vida y la salud de la población, la respuesta de la oposición fue el bloqueo, así fueran transferencias de fondos para llevar alimentos a los ciudadanos o para comprar medicinas e insumos para evitar la expansión del coronavirus. Fue el trabajo interministerial el que permitió la creación y el funcionamiento del Hospital El Salvador, ahora un referente internacional para el combate de la COVID-19.
La articulación de planes entre el Ejecutivo y el Legislativo ha permitido crear las condiciones para llevar a cabo una inversión sin precedentes en la primera infancia, planificar obras de infraestructura que serán un legado para futuras generaciones y garantizar la ampliación del Plan Control Territorial, largamente boicoteado a pesar de sus probados éxitos para reducir la delincuencia.
El Salvador amplía sus relaciones internacionales con la ratificación del convenio de cooperación con la República Popular China, pero también con la organización del primer mundial de surf que definirá a los clasificados para los próximos Juegos Olímpicos, que serán en Japón. Esos atletas están conociendo las bondades de la naturaleza, pero también la alta calidad de organización del Gobierno, y han prometido ser los «embajadores» de El Salvador en sus países.
Han sido dos años de transformaciones grandes y profundas. Y vendrán más.
