El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese día, a pesar de la situación sanitaria mundial a causa de la COVID-19, miles de mujeres marcharon en las calles de sus ciudades y se manifestaron en redes sociales para dar cuenta del constante miedo que vivimos al salir de casa o al estar dentro de ella. También expresaron su hartazgo ante la ineptitud de las autoridades judiciales, que entorpece la aplicación de la justicia en los múltiples casos que día tras día se nos presentan.
Lo personal es político, y personalmente me he visto atravesada muchas veces por esa violencia. Así, por ejemplo, en tan solo esa semana de noviembre pude experimentar la desesperación ante la desaparición de una de mis grandes amigas: todas las preguntas parecían no tener respuestas y, si las tenían, eran confusas e imprecisas. En esa misma semana, recibí la llamada de una colega que me contaba el caso de una de sus alumnas: su padre la violentaba física y mentalmente desde pequeña; pero, ahora con su condición mental —padece Trastorno de Límite de Personalidad—, esas actitudes habían incrementado. En esa semana, vi en mi «feed» de Facebook al menos 15 publicaciones de gente que pedía ayuda para difundir las fotos y los datos de sus hijas, madres o conocidas, puesto que habían desaparecido.
Lo personal es político: tan solo mírese el caso de Marisela Escobedo. Marisela fue una mujer de la frontera norte de México que luchó incansablemente para que la muerte de su hija no quedara impune, puesto que había sido asesinada y calcinada por su yerno. A pesar de que el culpable confesó durante el juicio haber matado a la muchacha, la corte determinó favorecerlo y no encarcelarlo. Marisela, aunque se derrumbó en ese momento, volvió a la lucha: recorrió todo el país en busca de justicia y del asesino, quien había huido de Ciudad Juárez. A causa de lo anterior, recibió amenazas de muerte hasta que la asesinaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, como si así se silenciara una lucha, como si así se nos advirtiera que las personas marginadas no podemos exigir lo que nos corresponde: justicia y alto a la violencia hacia las mujeres. («Las tres muertes de Marisela Escobedo» retrata esta historia).
En ese sentido, resulta tan difícil erradicar un fenómeno tan complejo como la violencia hacia las mujeres. Podría decir que esto se debe a la ineficiencia de las autoridades. De eso no hay duda. No obstante, también se debe a la corrupción de todo el sistema, que encubre y perdona violencias machistas. (¿Acaso los representantes de ese sistema protegen a los violadores, a los feminicidas, a los violentadores machistas y misóginos porque se están protegiendo a sí mismos?). En México, tenemos muchas Mariselas que luchan día tras día, y el resto del mundo también las tiene. Muestra de ello son las colectivas, las feministas y los organismos no gubernamentales que día a día hacen un trabajo arduo a pesar de no recibir dinero alguno. Gracias a ellos se ha tipificado el feminicidio; se han impulsado leyes a favor del aborto y del acoso; hay esperanza de una Latinoamérica sin violencia.
