En la sesión plenaria de hoy, la nueva Asamblea Legislativa se dispondrá a retirar la inmunidad parlamentaria del diputado Alberto Romero, de la bancada parlamentaria de ARENA, para que enfrente la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito.
Este diputado, que tuvo diversos cargos dentro de la anterior Asamblea Legislativa, no pudo justificar ante las autoridades judiciales el aumento de su patrimonio, por lo que la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de antejuicio para que Romero sea juzgado por el aumento injustificado de su riqueza.
Solo para ponerlo en perspectiva: Romero fue jefe de fracción de ARENA y formó parte de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, en donde fue vicepresidente. En otras palabras, este legislador, que representa a los ciudadanos del departamento de Cuscatlán, tuvo un salario superior al de los diputados «de la llanura», es decir, aquellos sin responsabilidades administrativas.
Como parte de la clase dirigente en la Asamblea Legislativa, Alberto Romero logró colarse en la exclusiva lista de viajeros parlamentarios. Hizo 94 viajes entre 2006 y 2022, por los cuales recibió $257,494 en concepto de viáticos. Es decir, cada viaje de este diputado de ARENA le costó, en promedio, más de $2,700, sin contar pago de boletos de avión, alimentación, transporte y estadía.
Convertirse en «viajero legislativo» fue una práctica utilizada por los viejos políticos para beneficiarse personalmente, porque no solo los eximía de sus responsabilidades en la Asamblea Legislativa, sino que también les proveía de jugosos ingresos extras. Cabe destacar que ese fue el método utilizado por el efemelenista Sigfrido Reyes para «justificar» haberse convertido en millonario, aduciendo que el aumento de riqueza venía de su máxima capacidad para ahorrar, toda una proeza para alguien que, como guerrillero del FMLN, durante más de una década vivió en la clandestinidad y sin posesiones.
En realidad, los políticos de ARENA y del FMLN usaron sus cargos públicos para saquear el Estado, desviar fondos hacia sus cuentas bancarias (y las de sus familiares y prestanombres) y beneficiar económicamente a sus financistas y allegados.
ARENA y el FMLN protegieron a sus corruptos al evitar que enfrentaran la justicia o incluso al avisarles para que huyeran del país. Pero esos son viejos tiempos, porque la nueva Asamblea Legislativa no ha escatimado esfuerzos para procesar a los diputados que han cometido delitos, como ha sucedido con tres de Nuevas Ideas, quienes perdieron su fuero para que enfrenten la justicia sin ningún privilegio. Hoy será el turno de un legislador de ARENA. Ahora sí la impunidad no tiene cabida en el nuevo El Salvador.
