El presidente Biden le ha dado un carácter de alto nivel político a la gestión del plan para Centroamérica, el cual tiene como misión principal fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y reducir la migración irregular desde Centroamérica, lo cual requiere una estrecha colaboración y un alto compromiso por parte de los líderes regionales. Los desafíos son grandes: se pretende que estos países den el salto a convertir el Triángulo Norte en una zona próspera que brinde esperanzas y oportunidades reales de crecimiento a su población.
El plan de Biden define sus prioridades en el aumento descontrolado de la inmigración irregular como uno de los principales desafíos, también señala la corrupción como la barrera a eliminar, que significa la causa que limita la prosperidad y el desarrollo de la región. Desde el inicio de su gestión el tema migratorio ha sido de vital importancia por parte del presidente Biden: de manera inmediata hizo la revocatoria del decreto de la administración anterior de 2017 que criminalizaba la presencia indocumentada; además, un memorando para fortalecer a los que llegaron en la infancia (DACA) y eliminar otros acuerdos a fin de darle al tema migratorio un trato más humanitario.
Las naciones del Triángulo Norte deben ser capaces de darle a su población un mejor futuro sin que tengan la necesidad de migrar a otros países en busca de oportunidades de superación; en ese sentido, se debe tener una alta voluntad política para atacar de forma estructural las causas que las promueven, como la violencia, las organizaciones criminales transnacionales, la pobreza con la enorme desigualdad social, la administración pública ineficiente y burocrática que hace a un lado la meritocracia, convirtiéndose en espacios para favores políticos. Todo esto ha obligado que familias enteras inicien ese viaje incierto y peligroso que no les ofrece mayores garantías más que la de poner en riesgo la vida; se debe pasar también de la aplicación de políticas de inmigración draconianas a mejorar y fortalecer las leyes de asilo y de refugiados a las cuales tiene derecho todo ciudadano que decide migrar de manera legal.
Estados Unidos y Centroamérica han sido socios confiables históricos, no solo por su cercanía sino por un sistema de valores compartidos y los lazos fuertes que hay entre los miles de compatriotas que residen en ese gran país. La migración irregular no se detiene con muros fronterizos; esto solo ha provocado una crisis humanitaria de altas complejidades, la mejor manera de abordarla es atacando las causas profundas que la promueven. Para ello el plan de Biden se convierte en una estrategia regional a cuatro años con una cooperación de $4,000 millones que vengan a ser usados de manera efectiva para resolver las causas profundas de la migración irregular.
El plan destaca elementos fundamentales, como la movilización de la inversión privada, el mejoramiento de la seguridad y el Estado de derecho, el abordaje efectivo de la corrupción endémica, la reducción de la pobreza e impulsar el desarrollo económico de toda la región.
