El tema de tendencia durante las últimas semanas ha sido el régimen de excepción, la suspensión de garantías constitucionales y la captura de más de 15,000 personas que integran los grupos terroristas llamadas maras o pandillas, medida que la oposición calificó de innecesaria, pero que la población ve como muy acertada.
El sábado 26 de marzo del presente año, nuestra historia se vio manchada con un alza de homicidios inusual en la administración del presidente Nayib Bukele, algo que el Plan Control Territorial combatió desde las primeras fases de su implementación. Es por eso que, de forma inmediata, a través del ministro de Justicia y Seguridad Pública, el presidente Bukele presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para implementar la suspensión de ciertas garantías constitucionales, o también llamada régimen de excepción.
El régimen de excepción o suspensión de garantías constitucionales aparece en nuestra Constitución, en el artículo 29, como un ordenamiento de reserva para afrontar algunas de las llamadas «situaciones excepcionales», es decir, aquellas situaciones anormales, extraordinarias y temporarias derivadas de acontecimientos caracterizados por cierto nivel de gravedad, como la guerra, la calamidad pública, la invasión, la rebelión, la sedición, la catástrofe, la grave perturbación del orden, entre otras, las cuales hacen necesario revestir a los órganos estatales, especialmente al Ejecutivo, de facultades igualmente extraordinarias para enfrentar de manera pronta y eficaz dicha situación.
Para decretar el régimen de excepción se necesita del voto de por los menos dos tercios de los diputados electos, o sea, mayoría calificada ordinaria (Constitución: artículo 131, ordinal 27.º) y, en el caso de la suspensión de los derechos reconocidos en los artículos 12 inciso 2 y 13; inciso 2 de la Constitución, se exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados electos, es decir, mayoría calificada extraordinaria (artículo 29, inciso 2.º).
Dicho régimen de excepción ha permitido que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada usen una mayor estrategia táctica para combatir un cáncer que ha atacado a nuestra sociedad por décadas, que los gobiernos anteriores nunca se preocuparon por combatir, sino que lo alimentaron financiándolo, haciendo tratos oscuros a cambio de la vida de los salvadoreños, algo que no puede seguir sucediendo por honor y respeto a todos los habitantes honrados y trabajadores que día a día luchan por salir adelante.
Uno de los grandes logros de este período de excepción precisamente es devolver la paz y la tranquilidad a todos los sectores que estaban acosados por las pandillas que infundían temor con la amenaza de atentar contra la vida o la integridad física de los salvadoreños.
Con esto estamos diciendo un «basta ya» de estos actos y decidimos actuar contra este problema que por años ha causado tanto dolor al país. Hemos demostrado que esta nueva Asamblea va en favor de todos los salvadoreños respaldando las políticas que nuestro presidente Nayib Bukele tiene en favor de este hermoso país.
La paz, seguridad y tranquilidad estarán presentes en nuestro país.
