Al aproximarnos al momento de inaugurar un nuevo período legislativo en nuestro país, en el que la sociedad salvadoreña tiene puestas sus expectativas, no se ha de soslayar que, en los últimos tiempos, la noción del Estado en general y particularmente la del Estado de derecho han venido sometiéndose a cambios profundos, a tal grado que algunos de los principios fundamentales en que se han erigido parecieran flaquear paulatinamente.
La globalización, que en sus inicios tuvo impacto en el campo de la economía, ha trascendido dando paso a la denominada globalización jurídica, y parece dictar las líneas en las que se manifiesta el derecho contemporáneo. En definitiva, la concepción del Estado-nación deberá ser revisada y situarnos en el contexto del constitucionalismo global, porque esas son las actuales exigencias.
De ahí que a la nueva Asamblea Legislativa le corresponde no solo emprender una revisión de las normas existentes con el propósito de constatar, como lo propone el profesor Samuel Rodríguez Ferrández, si de su aplicación derivan los efectos pretendidos, otros diferentes o ninguno en particular, sino comenzar a legislar de cara a una nueva realidad, en la que destaca de igual forma un nuevo modelo de ciudadanía.
La futura tarea de legislar debe privilegiar ámbitos que durante muchos años esperaron respuestas normativas acertadas, sin que estas llegaran oportunamente, entre los que resalta la protección de bienes jurídicos supraindividuales como el medioambiente, el consumo, los derechos de los trabajadores y la salud, entre otros; desde luego, sin descuidar lo atinente a la ciberseguridad, dado que en la posmodernidad quien domine el ciberespacio se estará agenciando un dominio global, más allá de la tierra, el mar, el aire y el espacio.
De ahí que se deberá revisar la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, decidiéndose político-criminalmente si se derogan los artículos pertinentes del Código Penal actual, a fin de evitar colisiones innecesarias y, de igual forma, acelerar la discusión sobre la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ser parte de los compromisos asumidos por el Estado con la comunidad internacional.
Sin embargo, al hombre de a pie le preocupa su seguridad, saber qué se está haciendo frente a la delincuencia, sea esta común u organizada; por lo tanto, una propuesta de reforma del Código Penal, encaminada a endurecer las penas de ciertos delitos, podría ser bien vista desde la teoría de la prevención general negativa, pero no se debe descartar que echar a andar una política criminal de carácter preventivo, privilegiando una mayor participación ciudadana, podría tener un mejor efecto disuasivo.
Hasta ahora, los programas de reducción de la violencia desarrollados por el Gobierno Central han dado sus frutos, con el beneplácito de la población, pese a no haber contado con el adecuado acompañamiento del Legislativo; de ahí que la tarea futura en materia legislativa se espera que sea muy próspera, pero sobre todo con un alto grado de rendimiento y con la capacidad para hacer posible el ideal del pacto social y trascender hacia una verdadera representación popular durante largos años de historia reducida a mera utopía.
