La nueva Asamblea Legislativa inició funciones con fuerza. Destituyó a los cinco magistrados propietarios y a sus suplentes en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por sus reiteradas acciones en contra de la población, que se expresaron en bloqueos —en plena pandemia— al Gobierno del presidente Nayib Bukele y que incluso llegaron al extremo de «revivir» decretos ya caducados, con el único objetivo de defender intereses corporativos por encima de los derechos a la vida y a la salud, que son los que privan en la Constitución de la República, por encima de los derechos económicos.
Los diputados destituyeron también a Raúl Melara como fiscal general de la república, debido a sus evidentes conexiones políticas. Los anteriores legisladores eligieron a Melara a pesar de que había apoyado la candidatura presidencial de Carlos Calleja, de ARENA, además de que había participado en diversos actos partidistas, lo que evidenciaba su falta de imparcialidad. En un intento por tratar de mostrar «independencia», Melara instruyó a sus fiscales a presentar el sábado pasado una orden de captura contra Norman Quijano, exdiputado de ARENA, por sus negociaciones con las pandillas cuando era candidato presidencial. Sin embargo, Quijano ya había abandonado, convenientemente, el país.
Para evitar vacíos, se nombraron nuevos magistrados para la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general.
El 1.º de mayo fue, en esencia, un día histórico, como lo fueron el 3 de febrero de 2019, el 1.º de junio de ese mismo año y el 28 de febrero pasado. Son fechas claves para la refundación de la república, un poderoso mensaje en el año en que El Salvador cumple 200 años como nación.
La nueva Asamblea Legislativa, eso sí, apenas inicia el largo camino para la eliminación de los obstáculos que impiden el desarrollo institucional y la vigencia plena de la democracia. Todas las decisiones que hubo en la toma de posesión del Legislativo fueron avaladas con 64 votos, es decir, tres cuartas partes de los integrantes del parlamento. Invariablemente, los acuerdos con respaldo popular eran rechazados por el mismo bloque de 20 diputados, que representan a ARENA, el FMLN, NT y VAMOS.
Los nuevos legisladores ya tomaron posesión de sus cargos y empiezan a tomar decisiones largamente esperadas, como la coordinación entre la Fiscalía y la PNC, que durante mucho tiempo fue torpedeada por el anterior funcionario.
Los magistrados destituidos emitieron un documento en el que rechazan la decisión legislativa que está amparada por el artículo 186 de la Constitución, apenas unos minutos después de que dejaron de ejercer, en un intento por detener la transformación nacional. Sin embargo, no hay vuelta atrás y los cambios ya están en marcha, como encomendaron los ciudadanos el 28F en las urnas.
