Con el Título 42, Estados Unidos expulsó a más de 2,426,297 migrantes en la frontera sur desde que la norma sanitaria se impuso en marzo de 2020, siendo la administración de Joe Biden la que más deportaciones ha registrado y dejando a miles de familias sin posibilidad de asilo.
«El Título 42 demostró que incluso las medidas especialmente crueles no disuaden a las personas desesperadas de migrar en cantidades históricas», dijo el director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson. El dirigente se refirió a la medida con «un adiós no tan cariñoso» después de que el juez federal Emmet Sullivan, a petición del Gobierno, prolongó cinco semanas más la vigencia de la política en la frontera. Esta tendría que dejar de existir el 21 de diciembre.
De acuerdo con estadísticas publicadas por WOLA, solo en octubre se registraron casi 230,000 aprehensiones, con más de 78,000 expulsiones.
De nueve sectores fronterizos, El Paso, Texas, fue el más concurrido el mes pasado, con el 26 %. De junio a septiembre fue en Del Río, Texas, pero de febrero a mayo, las personas transitaron por el Valle del Río Grande.
Otras zonas son Tucson y Yuma, en Arizona; Laredo y Big Bend, en Texas; El Centro y San Diego, en California.
El Título 42 se extendió a mediados de octubre también para los venezolanos que intentaron ingresar de forma irregular a Estados Unidos; desde entonces, un total de 5,885 migrantes de esa nacionalidad fueron expulsados.
«El Título 42 nunca ha tenido que ver con la salud pública o la seguridad», aseveró la directora ejecutiva de America’s Voice, Vanessa Cárdenas.
«Incluso como medida de control fronterizo, fracasó porque ayudó a aumentar las estadísticas de detención en la frontera y obligó al flujo de solicitantes de asilo a alejarse de nuestros puertos de entrada fronterizos», aseguró.
Para Cárdenas, la petición del Gobierno federal de retrasar la finalización representa «una oportunidad para que la administración de Biden reinicie y promulgue un conjunto de políticas funcionales, ordenadas y humanas que defiendan y promuevan los valores y las leyes». «Es momento de que el presidente y los demócratas reafirmen su visión sobre la inmigración, la gestión de fronteras», agregó la lideresa.
