El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y el exadministrativo Alex Moraes irán a juicio oral y público por el caso de siete hospitales móviles destinados a atender pacientes de la COVID-19, los cuales fueron señalados como una compra fraudulenta. Así lo determinó el juzgado penal en materia de corrupción en una audiencia preliminar.
Tanto Bográn como Moraes se encuentran en prisión desde abril, luego de que el tribunal de Tegucipalpa determinó que quedaran en auto formal de procesamiento con prisión preventiva con la comprobación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) de 11 irregularidades en la adquisición, por lo que están siendo procesado por los delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con la Fiscalía, la resolución de la audiencia preliminar conlleva el traslado del expediente al Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, en un caso de judicializó la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y FETCCOP.
El Ministerio Público explicó que la compra de los hospitales se realizó entre marzo y abril de 2020 y que el Estado la ejecutó a través de Invest-H por un monto de más de $47 millones con el imputado Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ElMED Medical Systems INC, Turquía, con quien tuvieron contacto antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud.
La fiscalía señala que se violó los principios fundamentales de la contratación pública por una adquisición «directa y fraudulenta», que no hubo garantías de calidad, de cumplimiento, de pago anticipado, sin mantenimiento de oferta, sin plazo fijo de instalación y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H.
En la investigación, el Ministerio Público confirmó que incluso el departamento de Adquisiciones de Invest-H advirtió sobre el peligro del contrato por la falta de información y que les llamaron la atención por los cuestionamientos.
Asimismo, comprobó que el equipo de los hospitales no funciona adecuadamente debido a los problemas de diseño y con aparatos vencidos, usados y en mal estado. El proveedor tampoco tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de centros médicos, detalló.
Al contrario, la compra de los hospitales puso en riesgo la atención de la población en medio de la pandemia, manifestó la Fiscalía en un comunicado. La institución adelantó que tendrá abierta otras líneas de investigación.