Durante décadas, las prácticas corruptas cometidas por funcionarios de ARENA y del FMLN estuvieron protegidas por el manto de la impunidad que era producto del pacto entre ambas organizaciones. Ante la menor posibilidad de procesos judiciales, salían huyendo en busca de refugio, como sucedió con el prófugo Mauricio Funes, asilado primero en Nicaragua antes de comprar su ciudadanía a Daniel Ortega.
En su momento, los dirigentes del FMLN, que eran Gobierno en ese momento, incluso reconocieron que habían aconsejado a su pupilo abandonar El Salvador y protegerse con el camarada Ortega, porque Funes era un «perseguido político», lo cual era un disparate. Al expresidente efemelenista lo único que lo persigue es la justicia, ya que debe devolver $351 millones que sustrajo de los fondos del Estado y con los que se instaló tranquilamente en el paraíso de corruptos que es Nicaragua.
Quizá por eso el profesor Salvador Sánchez Cerén salió del país hacia Nicaragua: para buscar la protección de la dinastía Ortega-Murillo, que no actúa en función de la «solidaridad», sino solo para aquellos que puedan pagar su protección. De modo que el último presidente del FMLN tendría que haberse trasladado con algo más que sus maletas con ropa.
Ernesto Muyshondt, que quiso hacer lo mismo que Funes y Sánchez Cerén, apeló a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien le dio la bienvenida en Washington como su asesor directo. Pero nadie se cree que Muyshondt tenga las credenciales para asesorar a la OEA, pues es evidente que lo que buscaba era la impunidad ante sus múltiples procesos judiciales: negociación con pandillas en nombre de ARENA (un hecho que él mismo reconoció en entrevistas televisivas y que incluso reclamó a su partido por haberlo dejado solo, a pesar de que eran las instrucciones de la dirigencia) y apropiación de cuotas laborales de los empleados de sus empresas y de la alcaldía de San Salvador. De estos últimos, los reclamos de los trabajadores municipales dan cuenta de varios millones de dólares no solo de las contribuciones a las AFP, ISSS e impuestos, sino también los descuentos para pagar créditos a bancos y otras instituciones financieras.
Norman Quijano, procesado —al igual que Muyshondt— por negociaciones con pandillas para comprar votos a favor de ARENA, también escapó, pero su destino fue Honduras, cuyo Gobierno está en tela de juicio después de que un tribunal de Estados Unidos condenó por narcotráfico al hermano del presidente y lo mencionó a él mismo como colaborador del narco.
No se trata, por tanto, de perseguidos políticos. Son delincuentes que huyen de la justicia y que tienen la esperanza de escapar de una condena por crímenes de cuello blanco.
