El costo de las inundaciones que devastaron el sureste español promete ser astronómico, si bien todavía es complicado de cuantificar por la amplitud de los daños, es todo un desafío para el Estado y las aseguradoras. Además, el Gobierno decretó Andalucía como Zona Gravemente afectada por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc), una semana después de la catástrofe por las lluvias.
Los torrentes de agua y lodo que golpearon principalmente la región de Valencia dejaron edificios pulverizados, miles de automóviles apilados en las carreteras, puentes y vías de ferrocarril por reconstruir y muchas empresas en la ruina, especialmente en el sector agrícola.
A la luz de las «imágenes» de «total desolación», «nos vamos a enfrentar al siniestro por eventos climáticos más importante que hayamos sufrido en España», afirmó Mirenchu del Valle, presidenta de la federación de compañías aseguradoras, Unespa.
«Todavía es pronto para lanzar estimaciones», pero «sabemos que en términos económicos seguramente va a tener un coste elevadísimo», indicó a la televisión pública TVE Celedonio Villamayor, director del organismo a cargo de pagar las indemnizaciones en caso de desastre natural, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Las inundaciones de julio de 2021 que afectaron a Alemania, Bélgica, Francia, Austria y Países Bajos, con un saldo de más de 200 muertos, tuvieron un coste de $43,000 millones, según la compañía reaseguradora Swiss Re.
Cualquiera sea el costo final, las inundaciones, que han dejado al menos 219 fallecidos, pesarán sobre las finanzas del Estado, aunque el país ya anunció que recurrirá al Fondo de Solidaridad europeo, que puede movilizarse en caso de catástrofes naturales en la Unión Europea.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un plan por $11,550 millones, que incluye ayudas directas y desgravaciones fiscales para empresas y particulares afectados.
El Gobierno de Valencia, la región más afectada, habló de su lado de una ayuda de emergencia de $270 millones.
Junto al Estado central, financiará los costes de las operaciones de limpieza y de las obras para la reconstrucción.
Al final de una reunión el lunes, el Gobierno y las autoridades locales estimaron las «inversiones necesarias» para restaurar la red de transporte en $2,830 millones, una evaluación «provisional», aclaró. Pero la mayor parte de la factura recaerá en el sector de las aseguradoras, que tendrán que compensar a empresas y particulares.
Respecto a la Zagepc, el Consejo de Ministros también incluyó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Cataluña y Aragón. La declaratoria permitirá las ayudas extraordinarias para enfrentar los daños.
