El expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y de la Asociación Infocentros, Nicola Ernesto Angelucci Silva, tiene dos procesos por corrupción y enriquecimiento ilícito, que llevan más de dos años engavetados en diversos tribunales.
El 26 de julio de 2019, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General lo demandó junto a su esposa Regina Argüello de Angelucci, en la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador por supuesto enriquecimiento ilícito de $6,073,435, tras una serie de escritos el caso fue a parar la Cámara Ambiental, con sede en Santa Tecla, La Libertad.
El 12 de marzo del mismo año, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a 10 años de cárcel por peculado en la modalidad continuada, pero la defensa apeló y en noviembre del mismo año la Cámara Tercera de lo Penal anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio que está previsto para el 3 de noviembre de 2021 en el Tribunal Quinto de Sentencia.
El proceso penal
La acusación penal en contra de Angelucci Silva tiene su origen en una investigación que comenzó en el año 2012 tras denuncia de erogaciones que realizó el BMI para proyectos de los cuales no existe evidencia física de haberse ejecutado por parte de Infocentros.
Además del ex presidente del Banco Multisectorial de Inversiones, es procesado Sigfredo Armando Figueroa Salinas, ex director de la Asociación Infocentros por administrar supuestamente de forma irregular $6,073,435 durante el periodo de 1999 al 2009.
En el expediente, la Fiscalía General de la República señala que Angelucci Silva en calidad de presidente del BMI y de la Asociación Infocentros, se aprovechó de esos cargos para favorecer la suscripción de convenios con Infocentros y fue así como el BMI le transfirió más de $6 millones a la referida asociación, pese a que el Banco Multisectorial de Inversiones no tenía la facultad para suscribir convenios, según lo establece su ley de creación.
Para que Angelucci Silva lograra supuestamente apropiarse de ese dinero, jugó un papel protagónico Sigfredo Armando Figueroa Salinas, ya que era quien firmaba la documentación requerida.
Cuando Angelucci fue condenado por mayoría en el Tribunal Tercero de Sentencia, los jueces dijeron que «existió una sustracción sistemática de fondos públicos disfrazados con convenios ilegales y que además hubo una pluralidad de acciones y omisiones».
Se dejó claro que entre los años 2002 al 2009 se suscribió un convenio para la «Red del Desarrollo», conocido como el convenio madre y después vinieron otros seis, haciendo un total de siete, pero de esos, seis convenios fueron irregulares.
Se determinó que el BMI transfirió a Infocentros más de $6 millones a través de convenios, incurriéndose en irregularidades ya que por ser fondos estatales se tuvo que haber sometido a concurso público.
Se tuvo que haber seguido un proceso de licitación, al no hacerlo, la contratación fue completamente ilegal, se debió aplicar la ley LACAP.
En ese juicio se recalcó que se protegieron los intereses del Banco Multisectorial de Inversiones y se dieron donaciones fraudulentas y que Angelucci Silva, tuvo una conducta dolosa, es más, hubo desidia de toda la junta directiva de dicho banco.
Incluso en esa vista pública los jueces que emitieron la sentencia condenatoria se preguntaron. ¿Qué fue lo que pasó con el resto de la junta directiva?, les causó extrañeza del por qué la Fiscalía solo investigó a Angelucci, y dejó fuera del expediente penal al resto de directivos, por lo cual encomendaron al Ministerio Público indagar a los demás directivos que estuvieron en el BMI entre 2002 y 2009.
Al Ministerio Público la pena impuesta le pareció la ideal, pero los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal la anularon porque según ellos hubo una infracción a las reglas de la sana crítica en la condena del ilícito de peculado, mencionaron además una errónea interpretación por la absolución en el delito de negociaciones ilícitas para Angelucci Silva.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Fiscalía demanda al expresidente del BMI y a su esposa por presunto enriquecimiento ilícito de $6,073,435.87, dinero que fue detectado en cuentas bancarias, depósitos bancarios, compra de vehículos y pago de tarjetas de crédito.
Según la demanda, Angelucci Silva se habría enriquecido con un monto de $5,980,025. Le detectaron 16 irregularidades en concepto de adquisiciones de vehículos, pago de tarjetas de crédito, cuentas y depósitos bancarios.
A su esposa, Regina Argüello, el ministerio público le atribuye, enriquecimiento ilícito de $93,412 mediante seis irregularidades en pagos y depósitos corrientes.
Ambos se habrían enriquecido de forma ilícita entre el 1 de junio de 2000 al 31 de mayo de 2009 cuando fungió como presidente del BMI.
A través de Prensa de la Corte Suprema de Justicia se consultó el estado en que se encuentra el expediente y las razones por las que no ha avanzado y la Cámara Ambiental respondió que se desconoce porque el expediente está en la Sala de lo Civil por recursos presentados.
Desde que se presentó la demanda han pasado más de dos años y el proceso no ha avanzado, el caso llegó a la Cámara Primera de lo Civil y terminó conociendo la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. Los abogados de Angelucci Silva plantearon una «incompetencia territorial», el argumento fue admitido por los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil y pasó a la otra instancia en Santa Tecla.
Mientras la Sala de lo Civil no se pronuncia el expediente en contra de los dos demandadas seguirá engavetado de forma indefinida.