Florida ejecutó el martes a Billy Kearse, un hombre de 53 años condenado por matar a un policía en 1991, indicaron las autoridades estatales en un comunicado.
Se trata de la quinta persona ejecutada en Estados Unidos en lo que va de año y la tercera en Florida, en el sureste del país.
Billy Kearse recibió una inyección letal a las 18H24 (23H24 GMT) en la prisión estatal de Raiford. Cuando tenía apenas 18 años, mató al agente Danny Parrish tras arrebatarle el arma de servicio durante un control de tráfico en enero de 1991.
Un jurado lo condenó por primera vez a la pena de muerte ese mismo año, una sentencia confirmada durante otra audiencia celebrada en 1997, después de que el Supremo de Florida anulara la condena original por errores de procedimiento.
Florida fue el estado donde más veces se aplicó la pena capital el año pasado: 19.
El gobernador republicano Ron DeSantis, responsable de firmar las órdenes de ejecución, batió el año pasado el récord de ejecuciones anuales en Florida desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.
Otras dos ejecuciones están programadas en el estado, el 17 y el 31 de marzo, según la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
También se prevé una el 11 de marzo en Texas; otra en Alabama el día 12, para un condenado a muerte de 75 años que se desplaza en silla de ruedas; y una última en Pensilvania (el 24), salvo que el gobernador demócrata Josh Shapiro, crítico con la pena capital, se oponga a ella.
En total, 47 condenados a muerte fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado, el nivel más alto desde 2009, cuando hubo 52.
Del total de ejecuciones de 2025, 39 se llevaron a cabo mediante inyección letal, tres fueron por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear ese gas a través de una máscara facial, provocando la asfixia del prisionero.
Expertos de la ONU han denunciado el uso de nitrógeno como un método cruel e inhumano.
La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso «para los delitos más viles».
