Entre el 27 de junio de 2018 y el 16 de septiembre de 2020, el expresidente Mauricio Funes, acumuló seis órdenes de captura que diversos tribunales de San Salvador le han girado por delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
En los seis procesos que la Fiscalía General de la República le inició, el exmandatario fue acusado como ausente, porque desde el primer caso presentado en los juzgados, ya se encontraba asilado en Nicaragua.
Los seis jueces que han conocido los expedientes en la primera audiencia, accedieron a la pretensión fiscal de girar órdenes de captura para tramitar con la Policía Internacional (Interpol) la emisión de difusión roja con miras a localizarlo y extraditarlo.
Pero las solicitudes de difusión roja no han prosperado, la decisión de divulgarlas debe ser autorizada por la Secretaría General de la Interpol, con sede en Lyon, Francia, en octubre del año 2018, la Fiscalía dijo que pidió una explicación a ese organismo de los motivos por los cuales no se hizo.
El primer caso que la Fiscalía llevó a los tribunales fue el de Saqueo Público, el 5 de junio de 2018 giró 32 órdenes de captura, entre ellos Funes, tres días después el expediente fue puesto a la orden del Juzgado Quinto de Paz y en la audiencia inicial realizada el 11 del mismo mes se ordenó que los imputados presentes siguieran en prisión, pero en el caso del Funes, fue hasta el 27 de junio que el juez emitió la detención.
En Saqueo Público, la Fiscalía señala que Funes junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente creo una compleja red para extraer de Casa Presidencial $351,035,400, conducta que llevó a presentar cargos de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como casos especiales del delito de encubrimiento.
Según la acusación fiscal, Funes y demás procesados utilizaron supuestamente varias modalidades para sustraer los fondos durante su administración entre los años 2009-2014, en las pesquisas detectaron que hubo compra de vehículos, adquisición de inmuebles a través de testaferros, viajes de turismo a por lo menos 20 países, entrega de dinero a personas allegadas, construcción y remodelación de inmuebles, transferencia de dinero a personas legales y jurídicas y compra de artículos de lujo.
Otro de los expedientes en los que aparece Funes, es el denominado Corruptela, un caso que comenzó con las órdenes de captura giradas el 15 de octubre de 2018 en contra de 30 personas, entre los acusados figura el exfiscal general Luis Martínez y otros empleados del Ministerio Público, empresarios y un grupo de imputados que aparecen mencionados como consultores.
El 23 de diciembre de 2019, cuando la Fiscalía presentó en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador el dictamen de acusación (carpeta final de investigación), dijo que Mauricio Funes tuvo un trato directo con Martínez a quien supuestamente sobornó para que se pararan investigaciones en su contra, entre esas la del caso El Chaparral, otro de los expedientes que tiene activos en el Juzgado Noveno de Instrucción.
En el caso Corruptela, los imputados son procesados por una gama de delitos, que va desde lavado de dinero, peculado, peculado en grado de cómplice necesario, negociaciones ilícitas, cohecho activo, omisión de la investigación, falsedad ideológica, privación de libertad y falsedad documental.
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Funes, desde el 4 de enero de 2019 también enfrenta la causa penal en el caso El Chaparral, donde son acusadas otras cinco personas. La Fiscalía incluyó en este expediente a Miguel Menéndez Avelar, alias Mecafé y José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; Mario Federico Pieragostini Marocchi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; los tres imputados también son procesados de agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, solo es señalada por Fiscalía de lavado de dinero.
Según la acusación fiscal, este proceso tiene que ver con el pago de $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi, mediante un arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral.
Resumen de casos contra Funes
- En el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, Mauricio Funes tiene orden de captura por el caso Saqueo Público, la Fiscalía menciona al prófugo quien durante su gestión presidencial habría sustraído más de $351 millones de Casa Presidencial: En total son 32 procesados y está pendiente la audiencia preliminar.
- Por el caso Corruptela, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, procesa a 30 personas, Fiscalía menciona supuestos sobornos que Funes y empresarios hicieron al exfiscal Luis Martínez para que no investigara actos de corrupción en los que aparecían.
- Funes también tiene en el Juzgado Séptimo de Instrucción el proceso por revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, por una supuesta divulgación que hizo del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del proceso penal que Fiscalía le inició al expresidente Francisco Flores, por lavado de dinero.
- En el Juzgado Noveno de Instrucción, enfrenta los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado, según el Ministerio Público, favoreció a la empresa italiana Astaldi para que mediante un arreglo en la construcción de la presa El Chaparral, se le pagara $108.5 millones por obras no ejecutadas.
- Un expediente por evasión de impuestos está activo en el Juzgado Octavo de Instrucción, tras una acusación que la Fiscalía presentó el 27 de marzo. El expresidente es señalado de presuntamente haber evadido $85,157.25 en el período fiscal 2014, según un aviso que la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda interpuso.
- La más reciente orden de captura girada a Funes, está relacionada al expediente denominado tregua con pandillas, un caso que fue presentado en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, el 26 de julio de 2019. La Fiscalía lo acusa de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, ilícitos que se originaron de una supuesta negociación con pandillas para reducir los homicidios.
