Cuando la Fiscalía General de la República presentó el 8 de junio de 2018, el primer caso contra de Mauricio Funes, en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, el expresidente ya tenía casi dos años estar asilado en Nicaragua.
En el extenso expediente que está en el Juzgado Séptimo de Instrucción, hay documentos sobre una resolución nicaragüense número 073-2016 emitida el 2 de septiembre de 2016 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el 6 de septiembre de ese mismo año, donde se informa el asilo político otorgado a Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, sus hijos, Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Funes presentó a Nicaragua la solicitud de asilo el 1 de septiembre de 2016 y de una forma exprés se le otorgó bajo los argumentos de que la vida de los cuatro corría peligro por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en El Salvador.
Pero el Ministerio Público desde que comenzó a presentar expedientes contra Funes, ha sostenido que no existe ninguna persecución política y que se trata de una serie de hechos de corrupción que se han documentado.
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El asilo político que Nicaragua le otorgó a Funes fue la primera barrera para extraditarlo, posteriormente adquirió la ciudadanía, este último beneficio lo han cuestionado dos abogados de ese país quienes acudieron a la Corte Suprema de Justicia para que sea anulado.
Mediante un amparo los abogados José López y Julio Montenegro, han pedido que se revise la ciudadanía otorgada asegurando que el Ministerio de Gobernación nicaragüense benefició al expresidente de una forma arbitraria.
La ciudadanía otorgada a Funes, es revisada por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, ese tribunal deberá emitir una resolución luego de escuchar la Procuraduría General de la República, que es la entidad que defiende los intereses del Estado nicaragüense.