Las pandillas 18 y MS no son grupos delincuenciales comunes, sino organizaciones terroristas internacionales que surgieron en el país con los gobiernos neoliberales de ARENA y se fortalecieron con los gobiernos del FMLN, de corte izquierdista.
En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional del período 2009-2018 declaró organizaciones terroristas a estas dos estructuras, así como a cualquier pandilla u organización que pretenda arrogarse las potestades de la soberanía del Estado o intente afectar sistemáticamente los derechos humanos de los salvadoreños.
En virtud de lo anterior, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció en Twitter que su Gobierno no retrocederá en el combate contra esas organizaciones terroristas, y declaró que las eliminará de El Salvador.
«La MS-13 y el Barrio 18 no son grupos de delincuentes comunes. Son organizaciones terroristas internacionales. Que les quede claro a todos: no vamos a retroceder hasta eliminar su existencia en nuestro país. Seguimos. #GuerraContraPandillas», publicó el mandatario la noche del martes pasado.
Actualmente, el Gobierno del presidente Bukele combate a las estructuras criminales con el régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT). El primero fue aprobado en marzo pasado por la Asamblea Legislativa y aún está en vigencia gracias a las prórrogas avaladas con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
En cambio, los partidos de oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) han negado con sus votos la permanencia de la medida constitucional por la presunta vulneración a derechos humanos. Esos partidos también se han opuesto al financiamiento del PCT, que ha impulsado el Ejecutivo desde 2019 para combatir a las pandillas y al crimen organizado.
El PCT consta de siete fases y ya son ejecutadas cuatro: Preparación, Incursión, Oportunidades y Modernización.