Los ciudadanos de Guatemala salieron a las calles a protestar por un presupuesto que deja por fuera la atención de los más vulnerables y el combate de la pobreza, priorizando, en cambio, aumentos para los banquetes de los diputados y la conservación de privilegios del grupo en el poder.
Los ajustes aprobados en el presupuesto de Guatemala hicieron estallar el descontento social. El reclamo va también hacia el presidente Alejandro Giammattei, a quien hasta su mismo vicepresidente pidió renunciar.
La protesta ciudadana se enfiló contra el Congreso Nacional, cuya sede nacional fue atacada y algunas de sus oficinas incendiadas. En los refrigeradores de los diputados hallaron cervezas y licores, lo que aumentó la indignación. Las llamas saliendo del Congreso son una poderosa imagen del poder ciudadano.
Guatemala enfrenta, además de sus problemas estructurales, el gran impacto de la COVID-19, con el mayor número de muertes en Centroamérica y con enormes escándalos de corrupción en el manejo de da pandemia. A eso se suma la debilidad de sus partidos políticos, donde el mismo grupo de interés económico monta estructuras con banderas y candidatos diferentes para cada elección.
En Guatemala, los ciudadanos no han logrado estructurar un movimiento que logre desplazar a los mismos de siempre del poder formal. Lo que ahora vemos son las expresiones de descontento, fuertes y a menudo violentas, ya que no son canalizadas políticamente. Lograron sacar del Gobierno a Otto Pérez Molina, puedo en su lugar pusieron a Jimmy Morales, quien mantuvo el esquema y, en algunos casos, lo profundizó más.
En El Salvador, en cambio, se ha dado una transformación que ha iniciado con expulsar del Ejecutivo a los partidos de siempre. El 28F será la segunda parte de ese proceso. Antes de que eso llegue podemos esperar expresiones de rechazo de los que perderán el poder y los intentos del sistema por conservar sus privilegios.
Por eso vemos el rechazo de la oposición a aprobar préstamos para atender las necesidades de los más vulnerables y para llevar seguridad a todo el país. En lugar de apoyar a la población lo que vemos es un intento de cuestionar, e incluso querer criminalizar, una política exitosa para frenar la pandemia. Al contrario de Guatemala, El Salvador no tiene tantas víctimas por COVID-19 y su sistema público de salud, lejos de estar saturado, tiene más camas disponibles y recurso humano suficiente.
El pueblo salvadoreño debe pelear por su presupuesto en salud, educación, seguridad y desarrollo económico. Si no, los mismos de siempre preservarán sus privilegios.
