El presidente Nayib Bukele lanzó el 1.º de junio pasado —en el marco del cuarto año de Gobierno— la guerra contra la corrupción, al iniciar un proceso de investigación y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente por el expresidente Alfredo Cristiani, el primer gobernante de ARENA, que se encuentra prófugo para escapar no solo de dar cuentas por los fondos estatales que usó en beneficio propio, sino también para evadir su responsabilidad en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989.
Producto de esa cruzada contra la corrupción, el Estado salvadoreño ha recuperado millones de dólares, apenas una fracción de lo que Cristiani se habría apropiado de los fondos públicos, ya que una buena parte fue sacada del país y pasada a nombres de terceros o se modificó su propiedad de tal manera que sea muy difícil la recuperación.
Sin embargo, el presidente actual de ARENA, Carlos García, sostiene que Cristiani sigue siendo no solo miembro del partido, sino también su presidente «honorario». Al respecto, retoma las mismas palabras que usa el FMLN para referirse a la multitud de exfuncionarios procesados por corrupción. Para García, como para los efemelenistas, no estamos ante «prófugos de la justicia», sino ante «perseguidos políticos», como si acaso haberse robado millones de dólares del erario nacional fuera una política de Estado y no un delito.
Ayer se reanudó la audiencia para los cómplices del primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, por haber participado en el saqueo de más de $351 millones de fondos públicos. Funes, para evadir la justicia, abandonó el país y adquirió, convenientemente, la nacionalidad nicaragüense para obtener la protección del régimen orteguista. Lo mismo hizo su sucesor y también efemelenista, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, conocido por su alias de Leonel González. Como dice el presidente de ARENA, estos dos también serían «perseguidos políticos» y no criminales que huyen de la justicia.
Dos diputados de Nuevas Ideas perdieron su fuero para enfrentar cargos por delitos comunes. Y un tercero más lo enfrentará hoy para que un juez determine su responsabilidad. También está el caso de la exalcaldesa de Soyapango, que igualmente es procesada.
No se trata de perseguir a políticos por sus ideologías, sino para que rindan cuentas por los delitos que cometieron prevaleciéndose de sus cargos. Esa es la guerra contra la corrupción. La oposición, que gobernó por décadas, consideró que el saqueo del Estado no tendría repercusiones. Creyeron que podían enriquecerse sin más. Pero no. Deben enfrentar la justicia.
