El Ministerio de Hacienda interpuso este jueves por la mañana una serie de avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionados a la malversación de fondos designados para la atención a la emergencia por la pandemia de la COVID-19 en 66 alcaldías de El Salvador.
El titular de Hacienda manifestó que los alcaldes que fungieron entre el 1 de mayo de 2018 y abril de 2021 habrían incurrido en los delitos de peculado y malversación de fondos. «Es triste que en las 66 auditorías que hemos finalizado hemos encontrado irregularidades, cuando el decreto era claro en los rubros que se podían utilizar esos fondos», dijo Zelaya.
Hasta ahora, son 66 las administraciones municipales en las que se han encontrado irregularidades, principalmente el uso de estos fondos para otros propósitos y gastos que no fueron reportados o que no han sido debidamente justificados.
El ministro señaló que a estas alcaldías se les entregó un monto total de $64,365,000, de los $191.7 millones que establecía el Decreto 608, que servirían para brindar asistencia a grupos vulnerables de las comunidades, proveer alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene, materiales de construcción y reparación de viviendas, entre otros.
Sin embargo, al hacer los procedimientos de verificación, el Ministerio de Hacienda identificó que $24,926,000 de los fondos entregados fueron ejecutados en otros destinos.
«Hay gastos que no aplican a los decretos de emergencia, fueron ejecutados en otros destinos. No podemos dar un detalle específico en qué, porque esa es la situación de cada una de las alcaldías, pero la mayoría de ellas estaban relacionadas a pagar gastos de fiestas patronales, sacaron un cheque de la cuenta Covid-19 para la cuenta común y pagaron planilla de salarios, proveedores atrasados y una infinidad de gastos que no tenían que ver con la pandemia», explicó el funcionario.
Zelaya explicó que, en muchos de los casos, los fondos designados para la atención de la emergencia por la pandemia fueron trasladados a la cuenta común de las alcaldías y utilizados para pagos de planillas, pagos a proveedores, financiamiento de fiestas patronales o, incluso, gastos de campaña para las pasadas elecciones legislativas de 2021.
El funcionario señaló que, tras la presentación de estos avisos, queda en manos de la Fiscalía las acciones a tomar en el caso de las irregularidades encontradas y enfatizó en que esperan presentar avisos de otras alcaldías en los próximos días, a medida avance la auditoría en las administraciones municipales que aún faltan.
El pasado año 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 608, con el cual se autorizaba a las alcaldías a utilizar un 30 % del monto total que se gestionó para subsanar la atención de emergencias provocadas por la COVID-19. En total, fueron $191.7 millones los que se otorgaron a las alcaldías, de los cuales, hasta ahora, Hacienda ha encontrado malversación de fondos por más de $27 millones.
Dentro de las alcaldías que han presentado irregularidades en el manejo de estos fondos para emergencias por la pandemia de la COVID-19 está la alcaldía de Santa Tecla, la cual presenta anomalías en más de $900,000. También están la de San Salvador, con $1,235,000 usados de forma irregular, la de Santa Ana donde se detectaron irregularidades por $900,000, así como también las de Coatepeque, con más de $1 millón usados de forma inapropiada y la de Acajutla, donde se han encontrados hasta $900,000 gastados sin documentación alguna.