El Gobierno de Xiomara Castro aplica desde el viernes un estado de excepción focalizado en 120 colonias para combatir a las pandillas y a todos los grupos delincuenciales que operan en la zonas del distrito central de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
La operación comenzó con 20,000 policías para desarticular las organizaciones criminales que extorsionan a comerciantes y operadores del sistema de transporte público.
«En cada una de estas ciudades tenemos identificados más de 60 barrios, colonias, residencias y sectores donde hay presencia de maras y pandillas que tienen en un nivel de sometimiento a la población», sostuvo Gustavo Sánchez, director de la Policía hondureña.
El funcionario afirmó que implementarán una estrategia integral que ayudará directamente a habitantes, comerciantes y empresarios debido a la zozobra que viven por la exigencia de extorsiones y amenazas.
El estado de excepción focalizado incluye la exigencia para que todos los negocios que venden chips para celulares soliciten dos documentos de identidad a los compradores. Igual medida deberán aplicar las empresas que prestan el servicio de transferencias de dinero, debido a que gran porcentaje de delitos se disfrazan con el uso de este servicio.
Las autoridades también están elaborando una lista negra de celulares que las empresas telefónicas deberán bloquear.
Para los motociclistas se ha establecido que usen un chaleco y un casco con la identificación de sus placas, de lo contrario no podrán circular.
El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, reiteró: «Tienen el deber de enfrentar este problema como colectivo», luego de dar a conocer que se impulsarán algunas reformas en las leyes.
Sabillón enfatizó que las fuerzas de seguridad deberán encargarse de controlar los territorios en riesgo, además de poner en marcha operativos durante la temporada navideña y de fin de año.
Afirmó que continuarán con patrullajes constantes y la policía vigilará que se cumplan las garantías constitucionales de la población que reside en las áreas bajo el estado de excepción, del que aún no se define cuánto tiempo se aplicará.
