La Asamblea Legislativa inició ayer el proceso para desaforar a Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por El Salvador, luego de recibir la solicitud de antejuicio hecha por la Fiscalía General de la República (FGR).
En dicha petición, presentada por el fiscal Rodolfo Delgado, se especifica dar el tratamiento establecido en el artículo 126 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, referido a la creación de una comisión especial de antejuicio. También el artículo 29 del reglamento interno del Parlacen avala el proceder iniciado.
«A esta persona se le están atribuyendo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, producto de una investigación de la Unidad Antipandillas; sobre esto se presentó una serie de audios ante los tribunales de justicia», enfatizó el fiscal.
El diputado Christian Guevara, quien solicitó la incorporación al pleno de la pieza, señaló que en la Asamblea la bancada cian se encargará de hacer cumplir la ley, respondiendo a las exigencias de la población.
Quijano fue juramentado como diputado del Parlacen el pasado 28 de octubre de manera virtual, obteniendo fuero constitucional a partir de ese momento.
«Los diputados anteriores lo protegieron. Esta Asamblea es diferente. Este mismo día iniciaremos el proceso para hacer justicia», publicó en Twitter el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
El fiscal explicó que se presentó una solicitud similar a la Asamblea Legislativa que se conoció en un expediente de 2020, pero la anterior legislatura determinó que no había lugar a formación de causa en contra de Quijano. «Esperamos que el pleno decida sobre la procedencia de la formación de una comisión de antejuicio para garantizar que el proceso se desarrolle de acuerdo con la ley», dijo Delgado.
De acuerdo con el procedimiento, la comisión de legislación y puntos constitucionales recibe el expediente para ser estudiado, labor que al cierre de esta nota continuaba, y emite el dictamen para la creación de una comisión especial que analice si hay moción a juicio.
Esta comisión lleva a cabo el proceso de antejuicio y finalmente puede dictaminar si existen pruebas suficientes para el desafuero o, por el contrario, desestimar la petición por falta de evidencia.
De tener dictamen favorable para el desafuero, el pleno legislativo decide, con base en la decisión de la comisión especial, si lo aprueba y da luz verde para que la FGR inicie el proceso judicial correspondiente por los delitos señalados.
