El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado instaló este jueves la audiencia de imposición de medidas en contra de los 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha vinculados a 37,402 delitos, cometidos entre el 2012 y 2022 en diversos municipios de El Salvador.
Entre los procesados están 24 terroristas que conformaron la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 corredores de programas.
Uno de los procesados es la silla 13 (de 15) de esa estructura terrorista identificado como Víctor Manuel Rodríguez Ramos, alias «Smiley» o «Wesley», quién tras la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con las autoridades de México fue retornado al país el pasado 7 de febrero.
Con respecto al Smiley, uno de los fiscales le solicitó al juez que sea enviado directamente al Centro del Confinamiento contra el Territorismo para que guarde prisión.
«A este corporativo se le está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y también el delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador por haber alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio de nuestra república, tener coaptada la población, cobrar impuestos, ejercer su propia justicia», dijo Max Muñoz, subdirector fiscal contra la Criminalidad Organizada de la FGR.
El juez detalló que en el proceso hay 407 reos presentes y los demás serán juzgados como ausentes. Esta audiencia está programada para que de desarrolle durante 5 días.
«Vamos a perseguir, capturar y garantizar que ninguno de estos terroristas regrese a nuestra sociedad a causar daño, los tiempos de impunidad quedaron en el pasado», dijo uno de los fiscales del caso.
El ministerio público detalló que el proceso contiene más de 37 mil folios con diligencias desarrolladas entre Fiscalía y Policía.
Los terroristas son acusados por más de 37,000 casos de homicidio agravado, feminicidio desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas; tráfico de personas, tráfico de droga; actos de terrorismo y rebelión, agrupaciones ilícitas, privación de libertad e intento de homicidio agravado.
La Fiscalía informó que consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas.
LA FGR enfatizó que velará porque estos criminales paguen por el sufrimiento al que sometieron a los salvadoreños por décadas.
Tras conocer del inicio del proceso judicial, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista en Canal 10: «Esperamos que se haga justicia, no podemos hacer una justicia individual, pero si una colectiva contra estos asesinos seriales que nos va a sanar como sociedad porque vamos a estar claros que no volverán nunca a ninguna colonia de este país».
