La Policía Nacional Civil (PNC), siguiendo las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la República, procedió el miércoles por la noche a la captura de Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango electa bajo la bandera de Nuevas Ideas, por cometer tres delitos: incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública, apropiación indebida de cuotas laborales y malversación de fondos públicos.
Producto de la negligente administración de Montano, los habitantes de Soyapango no recibían los servicios por los que habían pagado impuestos y tasas municipales, al punto que la basura se había acumulado en las calles, los pasajes y las aceras del populoso municipio; además, trabajadores municipales estaban en huelga debido a que la alcaldía no les había cancelado salarios ni el aguinaldo al que por ley tienen derecho.
En las redes circulan videos del maltrato hacia los ciudadanos por parte de empleados miembros del círculo más cercano de la alcaldesa, quienes en lugar de estar al servicio de la población exigían trato preferencial y actuaban con prepotencia y arrogancia.
Lo más grave, sin embargo, fue que esta funcionaria, electa bajo la bandera del partido Nuevas Ideas (gracias a la popularidad del presidente Nayib Bukele), malversó fondos públicos, les robó cuotas a los empleados y no cumplió las funciones por las que los soyapanecos la nombraron. En otras palabras, cometió actos de corrupción creyendo que no iba a haber consecuencias porque era «del partido del presidente». Sin embargo, eso sucedía así en el pasado, cuando ARENA y el FMLN gobernaban. Esos tiempos ya cambiaron para siempre.
«En El Salvador nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del Gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno», destacó el presidente Bukele en Twitter tras anunciar la captura de la alcaldesa.
No se trata de un comportamiento aislado, sino de una práctica coherente con la nueva política que se instaló en el país desde 2019, con la llegada del presidente Bukele al Gobierno. Sucedió igual con dos diputados de Nuevas Ideas que perdieron su fuero legislativo cuando se descubrió que negociaban sobornos a cambio de boicotear el trabajo a favor del pueblo salvadoreño.
El mensaje es claro y potente: ningún funcionario electo está blindado si comete actos de corrupción. El Salvador ya sufrió demasiado y nadie quiere volver al pasado. Por eso hay que arrancar esas prácticas desde la raíz.
