El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, procesa hoy en audiencia preliminar a cuatro exfiscales de diferentes oficinas y unidades, así como dos empleados administrativos.
Los exfiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres, quienes ahora laboran como jurídicos del ministerio público son acusados de privación ilegal de libertad realizada por empleado o funcionario público, omisión de la investigación y falsedad documental agravada.
Mientras que los empleados administrativos de la Fiscalía General de la República Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal, con procesados por el delito de peculado [apropiarse de bienes del Estado], según la acusación se quedaron con de $400,000.
Los seis imputados fueron testigos criteriados en proceso penal conocido como «Corruptela», que tiene como principal señalado al exfiscal general, Luis Martínez, por el delito de cohecho [sobornos].
Los cuatro fiscales llegaron a la Fiscalía hace más de 23 años y han estado asignados en varias áreas y unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Patrimonio Privado, en la Unidad contra el Crimen Organizado y en la Dirección de Intereses de la Sociedad, fueron jefes y coordinadores de unidades.
Según la acusación, el 4 de junio del año 2019, los seis imputados renunciaron al criterio de oportunidad ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador y dijeron que el exfiscal general Douglas Meléndez los obligó a convertirse en testigos criteriados.
En la causa penal conocido como «Corruptela» la Fiscalía procesa a 30 personas, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal Luis Martínez, los empresarios Enrique Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
«Corruptela» fue catalogado desde el principio como un caso complejo ya que hubo varias actividades en las que mediaron otorgamiento de dádivas para favorecer a funcionarios como el prófugo Mauricio Funes y empresarios¸ entre los que se menciona a Enrique Rais, a quienes Luis Martínez ordenó supuestamente no procesarlos a cambio de dinero y bienes.
El ministerio público presentó en su momento un expediente final de 892 folios, entre los que hay diversas diligencias y pesquisas con las que busca que el proceso pase a la fase de vista pública.